Tras haber sido postergada su discusión en la pasada sesión del Consejo General, el Instituto Federal Electoral (IFE) comenzó el análisis de las propuestas de su consejero presidente, Leonardo Valdés; del PRI y del PAN sobre el blindaje de las elecciones en contra de la injerencia del crimen organizado.

Sin embargo, ya se anticipa que el planteamiento panista para efectuar exámenes antidoping, de polígrafo y de control de confianza a candidatos difícilmente transitará, pues implica complicaciones legales e incluso posibles excesos de la autoridad para avalarlo.

Varios consejeros pensamos que estas pruebas pueden violar algunos derechos humanos porque presumen una culpabilidad que no necesariamente se tiene que presentar en alguien que de buena fe quiere participar en un proceso electoral. Estas medidas podrían criminalizar la participación de los candidatos, y hay que decir que estas pruebas no son consideradas como requisitos en la legislación electoral ni la Constitución, apuntó el consejero Francisco Guerrero.

En tanto, el consejero Alfredo Figueroa subrayó que a raíz de la primera experiencia de blindaje de las elecciones que tuvo el IFE, en 2009, gran parte del acuerdo alcanzado entonces se tradujo en reformas reglamentarias para su incorporación. Por ejemplo, la bancarización del gasto, los recibos utilizados por los partidos, las consultas en torno a las personas denominadas políticamente expuestas, entre otras.

Figueroa sostuvo que si existen otros elementos novedosos en las propuestas del PAN y del PRI o del propio consejero presidente, se analizarán para fortalecer las acciones preventivas. Todo ello sobre la base de que no se puede concebir en este acuerdo que la autoridad electoral asuma funciones policiacas, pues el IFE tiene facultades legales específicas muy claras.

El instituto no es una autoridad ministerial, no es la instancia que tiene que revisar asuntos vinculados al crimen organizado, ni tampoco puede ser el que determine el origen ilegal de determinados recursos utilizados en las campañas, más allá de lo que le confiere la ley en materia de fiscalización de los gastos de campaña de los partidos, apuntó.

Entrevistado sobre la viabilidad del acuerdo de blindaje, Figueroa mencionó que eventualmente los alcances del acuerdo podrían involucrar a otras instancias del Estado mexicano, y en el documento se tendrían que definir las responsabilidades. En otros casos, dijo, hay elementos que competen a la vida interna de los partidos y los controles que éstos decidan otorgarse.

A su vez, Guerrero se refirió a la propuesta panista que incluso involucra al Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) y a las clínicas del sector salud, lo cual tengo la impresión de que difícilmente transitaría entre algunos partidos. En todo caso, deberá corresponder a cada instituto político definir medidas de seguridad en torno a la postulación de sus candidatos, con base en que la postulación de una persona eventualmente vinculada al crimen organizado no sólo desprestigia al propio partido, sino a la política en general.

Destacó que existen muchos soportes legales para la actuación de la autoridad en la conducción de las elecciones dentro de la legalidad, pero en gran medida el blindaje implica un mensaje político de los partidos para asumir su actuación en el marco legal. Por ello, gran parte de las acciones de control corresponden a la vida interna de los partidos en coordinación con el IFE y otras autoridades competentes en materia de seguridad, aseguró Guerrero.