En tres días de precampaña de los aspirantes a la jefatura de Gobierno del Distrito Federal por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) se realizaron alrededor de un millón de llamadas telefónicas, con el propósito de promover su imagen. Durante todo el proceso se generaron 3.5 millones de mensajes de este tipo, según estimaciones del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal (Info-DF).

Estos mensajes, conocidos como spam telefónico, violentan de manera “generalizada la privacidad de los ciudadanos, pues 99 por ciento de quienes recibieron las llamadas no otorgaron su consentimiento para que su teléfono sea empleado para tal fin –como marca la Ley Federal de Protección de Datos Personales–; además de la imposibilidad de rastrear el origen de las mismas e identificar si el responsable es un actor político (partido) o económico (empresa), para hacerlos rendir cuentas”.

La difusión de un mensaje con fines electorales vía telefónica es bastante rentable desde el punto de vista de la opacidad, señaló Salvador Guerrero, comisionado del Info-DF, pues no hay una sola regla específica en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe) que regule esa práctica y las agencias de mercadeo no están obligadas a especificar la procedencia de sus bases de datos (listas con nombres, domicilios y teléfonos de particulares) y el uso que hacen de ellas.