Luego de que hace ocho meses el comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), Salvador Beltrán del Río, dijo que el organismo se hallaba ante su última oportunidad de alcanzar su transformación, o de lo contrario habría qué pensar en una nueva instancia que atienda la operación migratoria, la institución considera que ha cumplido.

Así, pese a la posición crítica de organizaciones civiles que de manera constante denuncian que sólo hay avances limitados o nula depuración, el instituto asegura que ha fortalecido su estructura con una política integral, ágil, segura y con respeto a los derechos humanos.

En su más reciente informe, el organismo –dependiente de la Secretaría de Gobernación (SG)– indica que han sido evaluados 2 mil 842 trabajadores, poco más de la mitad de su plantilla. Ha dado de baja a 209 empleados, tanto agentes como personal de operación migratoria.

Falta reglamento

El INM tiene pendiente no sólo una restructuración que satisfaga a los especialistas y grupos no gubernamentales, sino la expedición del reglamento de la Ley de Migración, trámite cuyo plazo legal venció hace dos meses.

En los primeros días de este año circuló un anteproyecto del reglamento mencionado, el cual debe llevar a la operación lo que indican las recientes reformas en materia migratoria y de derechos humanos.

Sin embargo, de acuerdo con fuentes consultadas, aquél tendrá modificaciones porque existen diversas oficinas, incluso dentro de la SG, que tienen una visión distinta de lo que puede ser esta normatividad.

Los integrantes del Grupo de Trabajo sobre Política Migratoria (organizaciones y académicos que abordan y tratan de manera cotidiana la problemática de los indocumentados) subrayan que las políticas públicas en este sector no han logrado detener la discrecionalidad de los funcionarios del sector, especialmente porque, afirman, los extranjeros que transitan por el país continúan como blancos de toda clase de abusos, en un contexto de profunda vulnerabilidad.

En mayo de 2011, el comisionado del INM dijo a La Jornada que sería de tres meses el plazo para la pretendida depuración, en esta última oportunidad que fijó el propio funcionario.

Pocos días antes se había denunciado la injerencia de agentes del INM en operativos ilegales para poner a los indocumentados en manos de los más sangrientos delincuentes.

En el inicio de este año, en el primer corte de caja acerca de estos retos, la autocalificación del INM es de buenas notas.

El organismo asegura que las acciones de fortalecimiento institucional se han centrado durante esta administración en desarrollar un marco jurídico con énfasis en el respeto de los derechos de las personas, la transparencia y la modernización de procedimientos, en los que coincidan la seguridad con la fluidez migratoria.

Al respecto, enlista lo que a su entender son logros, que han sido cuestionados por al menos una decena de empleados despedidos, quienes aseguran que la limpia fue unilateral y barrieron lo mismo con personal con antecedentes negativos que con trabajadores ejemplares, sólo en afán, indicaron, de colocar a incondicionales en puestos clave de control migratorio, área en la cual ha surgido la mayor parte de casos de presunta corrupción.

El INM subraya que ha puesto en marcha diversas acciones, como el cambio de titulares en 13 delegaciones; en nueve fueron relevos, y en cuatro, rotaciones. La delegación del estado de México, precisa, opera sin titular. Está al frente una encargada de despacho.

También cambió a tres funcionarios de alto nivel. El INM presume que cuenta con un Centro de Evaluación y Control de Confianza, donde hasta noviembre de 2011 evaluó a 2 mil 842 trabajadores.