Oaxaca, Oax., 27 de enero. Unos 200 agentes de la Policía Estatal impidieron el regreso a San Juan Copala de los indígenas triquis que ayer abandonaron el campamento que durante 16 meses mantuvieron en los portales del palacio de gobierno. Las autoridades argumentan que no existen condiciones de seguridad en la zona, donde operan presuntos grupos paramilitares.

Los integrantes del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui Independiente (MULTI) abandonaron el zócalo de la ciudad de Oaxaca pasado el mediodía del jueves, pero aproximadamente a las 20:20 los policías obstruyeron la carretera Alfonso Pérez Gazga en las inmediaciones del puente Santa Catarina, siete kilómetros después de que habían pasado Tlaxiaco.

Para convencer a los desplazados de suspender su regreso llegaron a ese sitio Eréndira Cruzvillegas Fuentes, comisionada de Derechos Humanos del gobierno estatal; Víctor Raúl Martínez Vásquez, coordinador de asesores de la gubernatura, y Dagoberto Carreño Gopar, subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobierno.

Los indígenas, que cuentan con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y activistas de La otra campaña que los acompañan, retornaron a Tlaxiaco, donde pernoctaron.

Para entablar diálogo con los desplazados, este día también llegaron a la zona Jesús Martínez Álvarez, secretario de Gobierno, y Adelfo Regino Montes, titular de Asuntos Indígenas.

Cruzvillegas Fuentes dijo que pidió a los triquis permitir la mejoría de las condiciones de seguridad en San Juan Copala para un regreso seguro y sin riesgos. Explicó que los indígenas requieren esperar el resultado de la asamblea general de San Juan Copala, programada para el próximo domingo, para definir el retorno. Lo que se busca es preservar la vida, señaló.

Exigen intervención de la CIDH

David Cilia Olmos, del Foro Permanente por la Comisión de la Verdad, uno de los activistas que acompañan a los triquis, denunció el impedimento del libre tránsito y el derecho de los desplazados a regresar a sus hogares y demandó la intervención inmediata de la CIDH y de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

El gobernador Gabino Cué Monteagudo dijo que el me- canismo de protección de la Policía Estatal a la caravana fue sancionado por Rosa Elena Manzano, visitadora adjunta de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, y dio fe el notario público Álvaro Conrado Pérez Aquino.

Hizo un llamado a las familias desplazadas de San Juan Copala a esperar que haya mejores condiciones de seguridad para que regresen a su lugar de origen, y ofreció toda la voluntad de su gobierno para asegurar que ningún oaxaqueño sea molestado.

Pidió a los dirigentes y grupos que apoyan a las familias desplazadas a valorar con mucha responsabilidad la decisión de ingresar a San Juan Copala porque no existen aún condiciones de seguridad para un retorno pacífico.

Tenemos la obligación de preservar la seguridad de nuestra gente, y por ello representantes de nuestro gobierno hicieron contacto con ellos y los invitaron a pasar la noche en la ciudad de Tlaxiaco para no poner en riesgo la integridad de hombres, mujeres y niños, manifestó.