En tanto que la Procuraduría General de Justicia de Guerrero (PGJG) consignó a dos agentes ministeriales como presuntos responsables de la muerte de dos estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, el pasado 12 de diciembre en la Autopista del Sol, la Procuraduría General de la República (PGR) interrogó en la ciudad de México a ocho funcionarios guerrerenses, quienes inicialmente fueron detenidos en cumplimiento de una orden de localización y presentación ante el Ministerio Público Federal y horas después fueron dejados en libertad.

En Guerrero, el encargado de despacho de la procuraduría local, Juan Manuel Herrera Campos, informó que los agentes Ismael Matadama Salinas y Rey David Cortés Flores, de la Policía Ministerial, fueron consignados a un juez penal del distrito judicial de Los Bravo, como probables responsables de homicidio calificado, tentativa de homicidio calificado y abuso de autoridad en los hechos que provocaron la muerte de los estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa Gabriel Echeverría de Jesús y Jorge Alexis Herrera Pino, el pasado 12 de diciembre en Chilpancingo, durante un desalojo.

En conferencia de prensa realizada en Acapulco, el funcionario precisó que se encontraron elementos suficientes para consignar a ambos policías y señaló que la PGJE ha trabajado con pruebas sólidas para llegar a estas conclusiones; declaró también que bajo ninguna circunstancia ha realizado su labor presionado por tiempos políticos, ya que se revisaron más de 300 horas de video y más de 2 mil fotografías.

Según el funcionario estatal, las investigaciones acreditan de manera inequívoca que la trayectoria de los disparos que causaron la muerte de Gabriel Echeverría de Jesús y Alexis Herrera Pino, y que además lesionaron al también estudiante normalista Édgar David Espíritu Olmedo, provinieron del lugar donde se encontraban los agentes ministeriales consignados.

Explicó que hay fotografías en las que se comprueba la culpabilidad de los policías ministeriales, y para llegar a esa conclusión peritos de la PGR y la PGJE –especializados en planimetría, balística forense, criminalística de campo, informática, química, medicina y antropología forense– rindieron sus dictámenes que concluyeron en la conformación de un expediente de más de 14 mil fojas.

De acuerdo con las investigaciones de la procuraduría local, Ismael Matadamas y Rey David Cortés trataron de evadir la acción de la justicia mediante la alteración de indicios, como lavar o esconder la ropa que traían puesta el día de los hechos, lo que provocó que las pruebas de radisonato de sodio resultaran negativas.

Tras la consignación de los agentes, decenas de policías ministeriales y sus familias marcharon en Chilpancingo a Casa Guerrero, al Congreso del estado y al palacio de gobierno para protestar contra el gobernador Ángel Heladio Aguirre Rivero, a quien acusaron de dejarlos solos y tomar una actitud en la que el hilo se rompa por lo más delgado, por lo que solicitaron al mandatario local que se haga una investigación y se castigue a los verdaderos responsables; no más compañeros arraigados ni chivos expiatorios, queremos que les ponga un abogado a los arraigados; el gobernador sabe muy bien quién inició el desalojo de los estudiantes de la Normal.

En la ciudad de México, la Procuraduría General de la República dejó en libertad a los ocho funcionarios que fueron trasladados durante la madrugada de ayer a la capital de la República, luego de que dieran su versión de lo que vieron el 12 de diciembre en la carretera a Acapulco, a la altura del municipio de Chilpancingo. Solamente se requería su declaración, ya que toda aquella persona que haya sido testigo de un delito debe comparecer, señalaron funcionarios de la subprocuraduría encargada de delitos federales.