n el Foro Económico Mundial que se desarrolla en Davos, Suiza, y con el telón de fondo de la crisis que vive la zona euro a consecuencia del crecimiento de las deudas soberanas de varios países del viejo continente, el primer ministro británico, David Cameron, criticó la propuesta –planteada el pasado viernes por el presidente francés, Nicolas Sarkozy– de gravar las transacciones bursátiles en la Unión Europea (UE). A renglón seguido, Cameron sostuvo que semejante gravamen podría recortar el PIB de la UE en unos 200 mil millones de euros, costar cerca de 500 mil empleos y forzar hasta a un 90 por ciento de los operadores de mercados (bursátiles) a dejar la UE.

Las declaraciones del premier inglés se producen un día después de que la canciller alemana Angela Merkel reconoció en el mismo foro su frustración por las dificultades para consensuar un plan anticrisis para la eurozona, defendió las políticas de austeridad impuestas a países en dificultades económicas y llamó a las naciones de ese conglomerado a ser más competitivas.

Que el jefe de gobierno del Reino Unido –país que no pertenece a la eurozona– actúe como defensor de los intereses de los capitales especulativos ilustra claramente el poderío que esos consorcios privados han llegado a tener sobre las autoridades políticas en el mundo contemporáneo, incluso en naciones ricas y de supuesta fortaleza democrática e institucional.

Si algo se puede reprochar a los promotores de la propuesta de gravar las ganancias de las transacciones bursátiles es lo tardío de la medida, pues ésta habría permitido ya la obtención de importantes recursos adicionales por la vía fiscal y habría introducido en las economías y mercados europeos la mínima estabilidad de la que han carecido, en la medida en que atenuaría la volatilidad y la movilidad descontrolada de las operaciones especulativas.

La anarquía en que se desenvuelven esos capitales les permite mover grandes cantidades de dinero de un país a otro en forma casi instantánea, sin que ello se vea reflejado en inversiones productivas y duraderas. Ello plantea grandes limitaciones para el desarrollo de políticas macroeconómicas por parte de los estados, les impide prevenir los efectos de las transacciones especulativas en la depreciación monetaria y en el incremento de las tasas de interés y constituye, en suma, un factor principal de incertidumbre e inestabilidad económicas y una amenaza de catástrofe siempre latente.

Por añadidura, el subsidio otorgado por los gobiernos europeos a capitales que poco o nada aportan al desarrollo de sus respectivas naciones es injustificable e inmoral, sobre todo cuando tal conducta contrasta con las devastadoras medidas de choque que sistemáticamente son demandadas a las naciones en dificultades, y que ha venido defendiendo el gobierno de Berlín. Es claro que, si desde hace tiempo se hubiera privilegiado el cobro de impuestos a las grandes fortunas y la regulación de los capitales especulativos por sobre el sacrificio de las mayorías, se habrían podido evitar o por lo menos atenuar los grandes costos económicos, sociales y hasta políticos que se desprenden de la inestabilidad macroeconómica actual.

Por desgracia, los pronunciamientos formulados en horas recientes desde Davos por los gobiernos de las naciones más ricas de la Europa comunitaria –Alemania y Gran Bretaña– permiten ver la falta de rumbo económico que acusan las autoridades de ese conglomerado de naciones, así como la ausencia de perspectivas para conjurar el riesgo de una debacle mayúscula en esa región y en el mundo.