La representación del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la Comisión Permanente del Congreso presentó un punto de acuerdo para que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la Secretaría de la Función Pública (SFP) investiguen un probable desvío de recursos por mil 800 millones de pesos del Programa de Vivienda Rural a cargo de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedeso), cuyo destino eran las comunidades de la sierra Tarahumara entre 2005 y 2006.

David Hernández, diputado priísta, demandó investigar el paso de Josefina Vázquez Mota por la Sedeso, porque, apuntó, ella era la titular cuando ocurrió el manejo discrecional de la multimillonaria cifra.

Señala desvío

Solicitó que la ASF y a la SFP informen a esta soberanía los trámites realizados a efecto de investigar las denuncias del desvío de recursos documentados del Programa de Vivienda Rural de la Secretaría de Desarrollo Social, ocurridos en 2005 y 2006, imputables a funcionarios públicos y legisladores.

A decir del priísmo en San Lázaro, el problema en la sierra Tarahumara es consecuencia del abuso de poder y la corrupción en las instituciones del gobierno federal.

“Los gobiernos autodenominados del cambio han perdido la oportunidad histórica de trascender como una administración eficiente y con buenos resultados. Por el contrario, a la fecha, los estragos ocasionados por los manejos discrecionales de los recursos públicos son más que evidentes, lastimando al conjunto de la sociedad.

Es fundamental traer a la memoria que en 2005 y 2006 la Sedeso contaba con recursos por mil 800 millones de pesos, los cuales serían aplicados a la región Tarahumara (...) sin embargo, fueron ejercidos de manera discrecional, insistió.

Se condicionó apoyo

En ese lapso, los padrones de la Sedeso, en particular del Programa de Vivienda Rural, refirió el diputado priísta, fueron entregados a la empresa Hildebrando SA de CV, la cual se encargó de distribuir los documentos entre los encargados de la campaña presidencial panista en 2006.

Con dicha información, las personas llegaban con los beneficiarios diciéndoles que sus apoyos estaban condicionados a cambio de su voto a favor de su candidato. De no aceptar, saldrían del programa social, acusó.