Cuando en el país se haga una revisión de la lucha contra el crimen organizado del actual periodo presidencial, el gran tema serán los derechos humanos. El Estado tiene la obligación de ser contundente contra la delincuencia, pero también proteger a los ciudadanos: es injusto decir que todos los desaparecidos o los muertos estaban coludidos con criminales.

Tan sólo en el estado de Coahuila hay mil 658 desaparecidos –mil 113 hombres y 545 mujeres– que la administración de Rubén Moreira buscará como parte de una política de Estado. El fenómeno de las desapariciones se detonó a la par del narcotráfico. Antes, lo que había eran secuestros (con su consiguiente demanda de rescate económico).

Miembros de fuerzas policiacas, ciudadanos que confundieron o que estuvieron en el lugar equivocado, niños, familias completas, personas involucradas con la delincuencia y otras detenidas por alguna autoridad y entregadas al crimen forman parte de esos mil 658 que no se han encontrado que empezará a buscar el Programa Estatal de Personas Desaparecidas.

Con esas premisas, en Coahuila, dice el gobernador Rubén Moreira Valdez, no sólo se tipificará como delito la desaparición forzada de personas, sino que se creará un comité especializado para encargarse de buscarlos; se instalará un laboratorio de genética forense y una base de datos disponible en Internet con fotografías y datos de cadáveres no identificados, así como de personas desaparecidas (con la autorización de los familiares).

La autoridad, apunta el mandatario estatal, parte de que no todas las personas serán encontradas con vida –deberá buscar entre los muertos–, pero está convencida de que toda familia tiene derecho a conocer la suerte de sus seres queridos y, en caso de sólo encontrar restos, a darles sepultura digna y vivir el duelo.

En Coahuila se encontraron, en meses recientes, siete fosas clandestinas con restos humanos. Debido a la descomposición de los cuerpos sometidos al fuego, ha sido imposible identificarlos. También hay restos susceptibles de ser cotejados por ADN, pero el estado no cuenta con un laboratorio para ese fin.

La idea de esta administración –que empezó el pasado primero de diciembre– es documentar el perfil genético de todas las personas censadas como desaparecidas en la entidad para hacer las comparaciones necesarias.

Anteriormente, comenta Moreira, la desaparición de personas estaba ligada sobre todo a la disputa entre padres por un hijo; sin embargo, desde 2006 el fenómeno se relaciona principalmente con el crimen organizado.

El año pasado, relató, en la región de Cinco Manantiales, en el norte del estado, se dio el caso de una comunidad en la que el crimen organizado se llevó familias completas y quemó unas 30 viviendas.

Pero también hay policías desaparecidos, así como ciudadanos que nada tenían que ver con la delincuencia y a los que se debe buscar. Todos deben ser buscados, afirma: no importa que se presuma que tuviesen alguna liga con el narcotráfico, porque si nada se hace por encontrarlos el mensaje de impunidad es muy grande.

Una autoridad, explica, no puede decir simplemente que tales personas murieron en un enfrentamiento entre grupos del crimen organizado o desaparecieron en ese mismo contexto, porque corremos el riesgo de inculpar a inocentes. Si decimos que estaban coludidos, debemos demostrarlo, y no dar carpetazo a un hecho sólo porque se tiene la suposición de que actuó el crimen organizado.

Las circunstancias en las que una persona desaparece son diversas. De muchos casos no hay denuncia; por ello existe una cifra negra que entraña dificultades para la autoridad.

El Programa Estatal de Personas Desaparecidas se encargará de la búsqueda a partir de una subprocuraduría. Y será la encargada, también, de coordinarse con otras entidades para empujar la búsqueda. Es muy importante la coordinación con la Federación y con otras entidades, porque muchas desapariciones se dan en las fronteras de los estados.

“Y la colaboración con la Federación es necesaria porque muchas están en la esfera de la lucha contra el crimen organizado. Parece una tarea titánica, pero tenemos que emprenderla. Los derechos humanos serán el tema en la revisión de la lucha contra el narco. El Estado tiene que ser contundente, porque está costando vidas, pero tiene que ser en el marco de los derechos humanos.”

Además, tiene que invertir en prisiones de alta seguridad para no mezclar primodelincuentes con integrantes de bandas del crimen organizado; en tecnología para la investigación, y también en políticas públicas encaminadas al desarrollo social, al empleo, al esparcimiento y al fortalecimiento de la familia… cualquier tipo de familia.

¿Cómo llegamos a esto? ¿A la situación por la que atraviesa el país? El gobernador dice que es un problema muy complejo, relacionado hasta con el desarrollo urbano, la falta de guarderías, con los horarios escolares de tan sólo cuatro horas así como la inserción de las mujeres en la vida laboral, sin que se tomaran medidas institucionales para apoyar a las familias.

Y ofrece un ejemplo. Si vives en una unidad habitacional del Infonavit, en Torreón, donde el techo está a dos metros con 15 centímetros y la temperatura es de 40 grados, la única manera de estar es en la calle. Si los padres trabajan, lo más seguro es que niños y jóvenes vaguen sin ninguna vigilancia. No se trata de valores, sino de redes sociales e institucionales que fortalezcan a la familia y, por tanto, el tejido social.

Los casinos son, de plano, dice, una maldición, sobre todo para los estados industrializados. Además de fomentar la ludopatía, son centros de atracción para la delincuencia. Texas, apunta, tiene siete veces la población de Coahuila y sólo hay un casino, mientras acá abrieron, en la pasada administración federal, más de 25.

Para echar a andar el programa de personas desaparecidas, el gobierno de Coahuila ha solicitado el apoyo del Alto Comisionado de Naciones Unidas en la materia, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y de las organizaciones no gubernamentales que llevan ya varios años buscando, integradas básicamente por familiares.