La Procuraduría General de la República (PGR) empezó ayer una averiguación previa por el espionaje en telefonía e Internet de la Cámara de Diputados, por la probable comisión de delitos de intervención de comunicaciones privadas sin mandato de autoridad judicial, y en materia de intervención de comunicaciones.

La mesa directiva confirmó que dicho espionaje afecta a los órganos de gobierno, grupos parlamentarios, coordinadores y otras áreas estratégicas que involucran a mucha gente, y era práctica generalizada.

Ayer, el jurídico de la Cámara interpuso la denuncia ante la Subprocuraduría Especializada en Delitos Federales de la PGR, que abrió la averiguación previa PGR/UEIDCSPCJ/037/2012. Sin embargo, los legisladores se negaron a especificar qué tipo de aparatos fueron encontrados en oficinas de la mesa directiva y de la Junta de Coordinación Política.

El titular de dicho órgano legislativo, el perredista Armando Ríos Piter –también líder de la bancada del sol azteca–, confirmó que en su oficina fueron hallados aparatos para escucha y grabación.

La mesa directiva explicó que el espionaje fue descubierto al ordenarse un protocolo de rutina para el barrido de las oficinas de ese órgano legislativo.

El artículo 127 del Código Penal Federal consigna una sanción de seis a 12 años de prisión, con una multa de entre 300 y 600 salarios mínimos.

Las pesquisas del Ministerio Público Federal abarcarán una investigación exhaustiva del monitoreo interno de la sede legislativa, donde operan 500 videocámaras que registran los movimientos de personal, diputados y visitantes en las zonas de mayor tránsito.

También se interrogará al personal de resguardo, porque en ese sector podría haber ocurrido la filtración del material instalado en los aparatos telefónicos y la convivencia con las personas que operaron dichos artefactos.

Legisladores de PRI, PRD y PT condenaron el espionaje, porque representa una de las peores acciones de los estados represores y totalitarios contra los poderes democráticos de una nación.

Jaime Cárdenas Gracia (PT) expuso que el delito aplicable tendría que ver con la intervención de comunicaciones telefónicas, cuya sanción se encuentra prevista en el Código Penal Federal.

Recordó que en la propuesta de ley de seguridad nacional está previsto el espionaje, instrumento atentatorio contra las libertades. Están incluidos medios y mecanismos de violación de los derechos fundamentales, como detención de personas y cateos sin orden judicial, y la posibilidad de intervenciones telefónicas sin la autorización correspondiente, dijo.

En tanto, la mesa directiva aseguró que el espionaje al Poder Legislativo ya tiene una historia, y advirtió que a nadie conviene un Legislativo débil, bajo presiones o chantajes.

Para el perredista Mauricio Toledo, el descubrimiento del espionaje se explica porque las instituciones del Estado se encuentran en preocupante debilitamiento, que es capitalizado por los gobiernos y fuerzas autoritarias del país; esto nos debe llevar a reflexionar que nos encontramos en un estadio de fragilidad institucional que a nadie conviene.

José Trinidad Padilla (PRI), presidente de la Comisión de Educación, afirmó que que de confirmarse las escuchas y grabación de conversaciones, sería algo muy grave porque vulnera a un poder del Estado, y afecta el derecho a la privacidad de los ciudadanos.