Con la firma de un acuerdo de ocho puntos –cuyos compromisos son de buena fe–, representantes de organizaciones campesinas y el gobierno federal definieron acciones para entregar por anticipado, en el primer trimestre del año, recursos de diversas partidas para afrontar el problema generado por la sequía.

Entre los compromisos está la integración de una contraloría social, con la participación de organizaciones civiles, que vigilarán que las acciones y programas se ejecuten con transparencia y credibilidad, y se invitará a la Cruz Roja, la representación de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en México, Oxfam México y Transparencia Mexicana.

La bolsa general es de casi 34 mil millones de pesos, previstos en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2012; no se trata de recursos adicionales sino de una entrega anticipada de fondos de programas como Procampo, Progan, Proárbol y Cousa, así como la activación de tarjetas de diésel agropecuario.

El principal logro es que pudimos sacar la sequía del pleito electoral, del jaloneo entre el gobierno federal, los gobernadores y los partidos políticos. También es un triunfo del movimiento de indignados, dijo a La Jornada uno de los dirigentes de las organizaciones participantes en la protesta al momento de retirarse de las inmediaciones de la Secretaría de Gobernación.

Por la mañana, el secretario de Gobernación, Alejandro Poiré, desglosó la bolsa de casi 34 mil millones de pesos. Dijo que una forma de garantizar que los recursos no se utilicen con fines electorales es la creación de comités ciudadanos de vigilancia, además de las auditorías ordinarias. No se me ocurre nada más ruin que pensar que ante esta tragedia pudiese a alguien ocurrírsele manipular esos recursos, expresó.

En conferencia de prensa, sostuvo que no hay margen para el protagonismo. Quienes lucran con la tragedia de los mexicanos merecen nuestro rechazo. Nadie tiene derecho de aprovecharse del dolor de la gente. Es momento de cerrar filas.

El subsecretario de Gobierno, Obdulio Ávila, informó anoche, tras la firma del acuerdo, que las mesas temáticas iniciarán el primero de febrero en Gobernación y continuarán en los siguientes días en la Secretaría de Economía con temas como: programas de alimentación, salud y empleo temporal; agua y energía; mercado alimentario, y ganadería y agronegocios.

Con el acuerdo se puso fin a la protesta de grupos como El Barzón, Central Campesina Cardenista, Unión Campesina Democrática y Cempa, que lograron reunir desde el domingo a manifestantes del Valle de México, Chihuahua y Zacatecas, entre otros.

Al emprender el retorno a sus lugares de origen, los campesinos expresaron que se van contentos, pero advirtieron que si las condiciones no mejoran regresarán a la ciudad de México. La revolución sigue, expresaron.

Las acciones, base del documento firmado anoche en Gobernación, son complementarias al decreto que emitió ayer el presidente Felipe Calderón para mitigar los efectos de la sequía.

El segundo de los ocho puntos prevé la integración de una comisión de seguimiento que sesionará de manera periódica, con apoyo de la contraloría social.

También se modificó el calendario que rige la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria para hacer efectiva la entrega anticipada de recursos.

Se analizará e impulsará un convenio de restructuración de adeudos con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para uso de energía de uso agrícola, que permita tener acceso a los programas de eficiencia energética y tecnificación de riego.

El sexto punto se refiere a un programa emergente de protección a los consumidores para garantizar el abasto de alimentos básicos y cuidar el poder adquisitivo para el consumo de frijol y tortilla, que podría extenderse a la leche, el huevo y el pollo.

El levantamiento del plantón se consignó como un acto de buena fe y voluntad de diálogo de ambas partes.

Con información de Matilde Pérez