Con el propósito de revertir la nulidad del estudio de impacto ambiental de la supervía poniente –decretada con el argumento de que no se realizó consulta pública previo al inicio de esa obra–, la Secretaría del Medio Ambiente (SMA) presentó una impugnación ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal (TCADF) en la que asegura que los promoventes de esa queja no demostraron personalidad jurídica e interés legítimo en ese caso, por lo que no hay afectación a sus intereses.

En el recurso de apelación de 30 cuartillas, entregado a la sala superior del TCADF, Bernardo Lesser Hiriart, director general de regulación ambiental de la SMA, del Gobierno de esta ciudad, añadió una serie de elementos para demostrar que la primera sala ordinaria de dicho tribunal –que declaró la nulidad de dicho estudio ambiental– no valoró adecuadamente las pruebas documentales públicas exhibidas, y sí se realizó una consulta pública entre los habitantes de las delegaciones Magdalena Contreras y Álvaro Obregón, por donde correrá ese proyecto vial, por lo que planteó que se revoque la sentencia impugnada.

El pasado 2 de diciembre de 2011, Jorge Fernández Souza, Carlos Manuel Rebolledo Busto y José Luis Moctezuma Orozco, magistrados de la primera sala ordinaria de dicho tribunal, resolvieron en favor de la organización ambientalista Greenpeace México y los particulares Jorge Vera Lomelí y Lilia Rodríguez Ochoa, la queja que interpusieron contra la Dirección General de Regulación Ambiental de la SMA, y como tercero interesado la empresa Controladora Vía Rápida Poetas, por no haberse realizado una consulta pública previo a la construcción de la supervía poniente.

Particulares no acreditaron interés legítimo

La respuesta de la SMA a ese fallo se presentó en días recientes ante la sala superior del TCADF, y recayó en la ponencia de la magistrada Victoria Quiroz. En sus consideraciones previas, la dependencia del GDF calificó de demasiado grave y riesgoso que el TCADF admita demandas de particulares que no legitimen su real interés en determinados casos.

En cuanto a los quejosos Jorge Vera, Liliana Rodríguez y Greenpeace México, el funcionario de la SMA aseguró que nunca participaron en los mecanismos de consulta pública respecto al tema del impacto ambiental de la supervía, además nunca acreditaron con documentos legales ante la primera sala su residencia en la zona de obras ni la afectación que sufren por ese proyecto vial, tampoco acreditaron plena y fehacientemente su personalidad, resultando entonces, ilegal la acreditación de interés legítimo.

Más adelante, Bernardo Lesser alegó que no fueron valoradas adecuadamente por la primera sala del TCADF las pruebas ofrecidas que hacen constar que sí se realizó la consulta pública dentro del procedimiento de evaluación en materia de impacto ambiental.

No obstante, al final de su recurso de apelación, Lesser considera que suponiendo sin conceder que no haya existido una consulta pública, los quejosos nunca demostraron la afectación a sus intereses, por lo que pide que se revoque la sentencia recurrida y en su lugar se dicte otra en la que se declare la validez de la resolución impugnada.

La secretaria de Medio Ambiente, Martha Delgado, afirmó que el TCA determinará si las autoridades capitalinas cumplieron con la realización de una consulta pública para construir la supervía, lo cual, desde nuestro punto de vista, se hizo y se fijaron medidas de compensación y mitigación muy estrictas a la empresa OHL-Copri.

Luego de la firma de un convenio de colaboración para la preservación de recursos naturales, dijo que “es delicado que se alegue que no se hizo consulta y el ombudsman capitalino (Luis González Plascencia) interprete que hubo un impacto ambiental impresionante, cuando el tribunal no está revisando eso, y no existe tal situación”.

Lo que está en litigio es si la consulta que hicimos se considera legal; cumplimos y la obra continúa para ser inaugurada este año, afirmó.