Édgar Cortez, del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (Imdhd), manifestó ayer que el Informe mundial 2012 de Human Rights Watch (HRW) condensa muchas valoraciones sobre la política actual del gobierno federal y alimenta el cuestionamiento al combate al crimen organizado y a los costos sociales y humanos que ha implicado.

Investigador del Imdhd, Cortez resaltó en entrevista: Sin duda en ese informe hay un tono diferente de la organización hacia el gobierno de Felipe Calderón. Recordemos que, al principio, HRW pedía darle tiempo. Hoy se da cuenta de que las evidencias sobre la violencia están ahí y de que la impunidad reina en casi todos los casos. Esa actitud crítica pudo haber sido mostrada antes, para poner en tiempo al gobierno, y no ahora que ya se va y pocas cosas pueden cambiar.

Ante la violencia que se vive en todo el país, el investigador comentó que sería difícil sostener de nuevo el planteamiento de pedir un voto de confianza o de dar tiempo a la estrategia del gobierno federal, pues está claro que ha fracasado, que lo único que ha logrado es incrementar el número de personas desaparecidas y muertas, que ya son más de 45 mil en lo que va del sexenio.

Enfatizó que la contestación del gobierno federal al reporte de HRW, por conducto de la Secretaría de Gobernación, “se inscribe en el mismo tono de las respuestas que Calderón ha dado a los informes y recomendaciones de la Organización de Naciones Unidas y de la comisión y corte interamericanas de Derechos Humanos.

Cortez señaló que ante el reto que hizo José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW, a Calderón –ayer en Washington– de que pruebe la versión de que la mayoría de los 45 mil muertos durante su mandato son cómplices y no víctimas colaterales de la guerra contra el narcotráfico, el gobierno no tiene manera de documentar nada, porque tenemos un sistema de investigación prácticamente colapsado.

El director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh), José Rosario Marroquín, consideró que el informe de HRW refleja que la situación es inocultable, una violencia que crece y una impunidad galopante, y la respuesta del gobierno continúa siendo cuestionar los reportes, ponerlos en duda. Incluso, tilda de sospechosos los documentos que piden cuentas sobre las pesquisas y condenas a militares que han violado derechos humanos.

El director del Prodh sostuvo que “la respuesta del gobierno federal es incompleta, porque dice que ya envió el Senado su propuesta para reformar el fuero militar, lo cual es cierto, pero lo que no dice es que la Corte Interamericana de Derechos Humanos manifestó al gobierno que esa modificación no satisface los requerimientos del derecho internacional, porque sólo se refiere a tres delitos que pudieran cometer los militares –violación, tortura y desaparición–, pero debe incluir todos los atropellos a las garantías básicas que cometan los militares”.

En entrevista por separado, coincidió con Cortez en que el reto de HRW al gobierno de Calderón es fundamental, porque cada vez que la cifra de decesos aumenta, las autoridades, sin hacer investigaciones, señalan que los muertos son narcotraficantes, pero la realidad es que en este país no se indaga. Nunca se esclarecen los fallecimientos.