El matrimonio entre personas del mismo sexo y la posibilidad de que éstos puedan adoptar a menores, prevista en el Código Civil del Distrito Federal, no viola el pacto federal, sostiene el ministro Sergio Valls.

En el proyecto de dictamen que discutirá hoy el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre las controversias constitucionales que presentaron los gobiernos de Baja California y Jalisco en contra de la legislación capitalina, Valls desestima el alegato de que la Constitución prevé un modelo familiar basado en el matrimonio heteroparental.

En caso de que el pleno avale el proyecto de Valls, en el que sobresee la demanda, es decir, que desecha los argumentos de los quejosos, el matrimonio entre personas del mismo sexo y la posibilidad de que adopten habrá superado prácticamente todos los escollos legales posibles, por lo que la única forma de echar atrás esa ley es mediante una nueva reforma lesgislativa.

Y es que, en agosto del año pasado, el pleno avaló la constitucionalidad de las bodas gay en el Distrito Federal, al resolver una acción de inconstitucionalidad presentada por la Procuraduría General de la República. Sin embargo, los gobiernos de Baja California y Jalisco interpusieron sendas demandas ante la SCJN en las cuales argumentan que la Unión sólo puede persistir si hay coincidencia en los principios fundamentales que vinculan a las entidades federativas, y que el modelo familiar y matrimonial heteroparental constituye un principio esencialísimo establecido por la Constitución.

Alegan que el artículo 122 constitucional señala que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal tiene facultad para legislar en materias civil y penal, además de que las leyes que expida ésta se sujetarán a lo dispuesto en las leyes generales que dicte el Congreso de la Unión. De esa forma, sostienen los demandantes, las normas capitalinas impugnadas al contravenir lo dispuesto en el código federal vulnera la Constitución.

Sin embargo, en su proyecto Valls desecha los argumentos y con ello valida la constitucionalidad de los matrimonios gays, así como su derecho a adoptar.