En vísperas de que el Instituto Federal Electoral (IFE) responda a la propuesta del Partido Revolucionario Institucional (PRI) para concretar un acuerdo y tener mayores garantías de no injerencia del crimen organizado en las elecciones, el consejero electoral Lorenzo Córdova sostiene que el instituto debe favorecer los esfuerzos sociales para contrarrestar este riesgo. Sin embargo, advierte que no se puede exigir a una autoridad, de por sí sobrecargada de funciones, asumir responsabilidades correspondientes a otras instancias del Estado.

De acuerdo con lo programado por el IFE, será este miércoles cuando el Consejo General revise la viabilidad de la propuesta priísta.

Para el consejero, el IFE es una autoridad corresponsable en la prevención de estas prácticas ilícitas que, aclara, no son sólo propias de la democracia mexicana, por lo que el instituto deberá coadyuvar, en la medida de sus facultades a prevenirlas.

Siempre he dicho que la sobreactuación de las autoridades puede ser delicada, el IFE no es la Agencia Federal de Investigación, sostiene el consejero, para quien el IFE debe asumir la parte de responsabilidad que le corresponda. Destacó que en materia de seguridad y de injerencia del crimen organizado, cuyo impacto no se debe minimizar, el instituto tiene tareas puntuales que se desprenden de la legislación.

En lo que corresponde a la seguridad de los candidatos, el IFE es una instancia facilitadora para canalizar las peticiones de los partidos y los aspirantes, pero no es la responsable de otorgar la seguridad. El Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales indica lo concerniente a la seguridad de los candidatos y que el IFE deberá gestionarlo ante el gobierno federal.

Por lo que hace al control de los recursos de los partidos políticos, el IFE, mediante su unidad de fiscalización, tiene facultades de vigilar que el dinero que ingresa a las arcas partidistas provenga de fuentes legales. No obstante, no puede pensarse, a partir de ello, que el instituto se debe responsabilizar de la vigilancia de operaciones de lavado de dinero, porque no es una atribución directa del instituto. Hay instancias de inteligencia financiera del Estado mexicano que tienen esa responsabilidad.

“No podemos esperar ahora que sea el instituto el que blinde a los partidos políticos respecto del dinero del crimen organizado. El IFE hará todo lo que esté dentro de sus competencias. Ello implica también apoyar los acuerdos que provengan de partidos o de la sociedad para impulsar la tarea social de que el dinero ilícito no impacte en las campañas, vía las finanzas partidistas.”

El IFE apoyará todas estas iniciativas, pero no puede asumirse como el garante pleno de que estas prácticas no ocurran, añadió el consejero.

Aparte de la iniciativa priísta, se espera también que en esa sesión se adopte una postura respecto de la propuesta del candidato de la coalición Movimiento Progresista, Andrés Manuel López Obrador, para que el IFE organice 12 debates temáticos durante la campaña presidencial, en sustitución de miles de promocionales, con el objetivo de elevar la calidad del diálogo y ampliar la información al ciudadano sobre las propuestas de los candidatos presidenciales sobre diversos temas de interés nacional.