El Cairo, 22 de enero. El gobierno del presidente Felipe Calderón ha adoptado medidas para combatir la delincuencia organizada que han provocado un fuerte incremento en el número de asesinatos, torturas y otros abusos por parte de los miembros de las fuerzas de seguridad, y sólo contribuyen a agravar el clima de caos y temor que predomina en muchas regiones, destaca Human Rights Watch (HRW) en el capítulo México de su Informe Mundial 2012, presentado ayer en El Cairo, Egipto.

El documento subraya que en los últimos años se ha producido en México un incremento alarmante de la cantidad de homicidios, que en gran parte han sido consecuencia de violentas pugnas entre poderosas organizaciones delictivas que compiten por el control del narcotráfico y otras actividades lucrativas, como la trata de personas, así como de enfrentamientos entre sus propios miembros.

Al hacer la presentación del Informe Mundial 2012, la directora de Comunicación de HRW, Emma Daly, denunció que las fuerzas de seguridad en México han cometido violaciones de derechos humanos y que los militares gozan de impunidad en esos casos. Tenemos datos que demuestran que la violencia ha aumentado horrorosamente en México en los últimos años y no hay un sistema para juzgar a los militares de forma que haya justicia, aseveró Daly en la sede del Sindicato de Periodistas de la capital egipcia.

En su opinión, existe en México impunidad absoluta para los militares, quienes, con el sistema de justicia castrense, nunca son juzgados, lo que fomenta que continúen los abusos porque no hay modo alguno de pararlos.

Abundó que el presidente Felipe Calderón está empleando a los militares para luchar contra los narcotraficantes y la delincuencia organizada, pero las fuerzas armadas no están bien entrenadas para realizar acciones policiales y gozan de impunidad cuando cometen algún abuso.

Entre las violaciones a los derechos cometidas por las fuerzas armadas, según el informe, figuran asesinatos, tortura y desapariciones forzadas.

Una muestra de que los soldados que han cometido violaciones de los derechos humanos de civiles nunca son llevados ante la justicia, según HRW, es que la Procuraría General de Justicia Militar inició 3 mil 671 investigaciones de estos casos entre 2007 y junio de 2011, y sólo 15 soldados fueron condenados durante ese periodo; asimismo, en otra investigación, 14 militares no fueron juzgados.

En las seis páginas del Capítulo México del Informe Mundial de HRW 2012 se apunta que periodistas, defensores de derechos humanos y migrantes son atacados deliberadamente por organizaciones delictivas y miembros de las fuerzas de seguridad. Sin embargo, México no ha ofrecido protección a estos grupos vulnerables ni ha investigado adecuadamente los delitos de los cuales han sido víctimas.

Asevera el informe que las iniciativas para implementar una reforma del sistema de justicia, que abordaría problemas endémicos como la aplicación de la tortura para obtener confesiones por la fuerza, continuaron avanzando lentamente durante 2011, por lo cual subsiste un sistema en el cual los abusos siguen siendo generalizados.

En el tema de libertad de expresión, el documento de HRW señala que numerosos periodistas que han realizado investigaciones vinculadas con el narcotráfico o han asumido una actitud crítica frente a las fuerzas de seguridad y las autoridades han sido víctimas de graves persecuciones y ataques. Entre 2000 y septiembre de 2011 fueron asesinados 74 comunicadores, al menos ocho durante 2011.

Apunta que si bien muchos de los ataques contra los miembros de la prensa ocurridos el año pasado se atribuyen a la delincuencia organizada, en algunos casos existen evidencias que señalan la posible participación de funcionarios públicos. También se observó una tendencia progresiva a intimidar y atacar a personas que participan en redes sociales, agrega el organismo.

Las autoridades no han conseguido investigar ni juzgar adecuadamente delitos contra la prensa, ni tampoco han protegido a periodistas que están expuestos a graves riegos, lo cual ha propiciado un clima de impunidad y autocensura, agrega.

Se sostiene que el sistema penal no ofrece justicia a víctimas de crímenes y violaciones de derechos humanos. Esta deficiencia responde a causas como corrupción, capacitación y recursos suficientes, así como prácticas abusivas de la policía.