Nueva York, 22 de enero. Colombia continúa siendo el país más peligroso para ejercer el sindicalismo en el mundo, con 175 líderes obreros asesinados en los últimos cuatro años, en medio de una impunidad generalizada que impide castigar a los responsables, denunció hoy en su informe anual la organización Human Rights Watch (HRW).

El reporte, de 676 páginas, hace una revisión de la situación de los derechos humanos en 90 países, pero en cuanto a América Latina destacó la situación en Brasil, México y Colombia, además de los dos países que la organización con sede en Nueva York sigue habitualmente de cerca: Cuba y Venezuela.

Acerca de Estados Unidos insistió en la crítica de años atrás sobre el trato a los reos de Gauntánamo, que no han sido llevados a juicio.

HRW cuestiona la falta de supervisión de unos 300 centros de detención de inmigrantes indocumentados y denuncia el traslado frecuente y caótico de los detenidos, lo que interfiere con el acceso de los extranjeros al apoyo legal y familiar.

El informe 2012 de HRW se centra en la primavera árabe. El director ejecutivo, Kenneth Roth, escribió en el texto principal que la comunidad internacional debe dejar de lado “la falacia de la excepción árabe, que ha permitido jutsificar el apoyo a regímenes autoritarios con el pretexto de mantener la estabilidad en Medio Oriente, luchar contra el terrorismo o garantizar el abastecimiento de petróleo.

Occidente, en particular la Unión Europea, recurrió a los gobiernos autoritarios de la región para que ayudaran a frenar la migración, señaló Roth, y agregó: Occidente todavía se está ajustando a esta transformación histórica.

Sobre el caso colombiano, HRW señaló que si bien la cantidad de sindicalistas que son asesinados cada año es menor en comparación con una década atrás, continúa siendo superior a la de cualquier otro país del mundo.

Desde 2007, la mayoría de las amenazas contra los sindicalistas provino de grupos que remplazaron a los paramilitares de ultraderecha, más conocidos como bandas criminales emergentes, ligadas al narcotráfico, apuntó la organización.

La impunidad de la violencia contra sindicalistas es generalizada: Colombia ha obtenido condenas en menos de 10 por ciento de los más de dos mil 900 asesinatos de sindicalistas conocidos desde 1986, precisó el informe.

HRW consideró que durante su primer año de gobierno, el presidente Juan Manuel Santos mostró mayor preocupación por los temas de derechos humanos que su antecesor Álvaro Uribe. Elogió además que el actual mandatario haya conseguido aprobar la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, que procura restituir millones de hectáreas a desplazados e indemnizar a víctimas de violaciones de derechos humanos y del derecho internacional humanitario.

Respecto de las organizaciones guerrilleras, HRW sostuvo que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) son responsables de asesinatos, matanzas, amenazas, desplazamientos y reclutamiento de niños en medio del conflicto interno de casi cinco décadas.

Alertó además sobre la expansión de las bandas criminales y sus efectos sobre los derechos humanos. Los grupos sucesores de los paramilitares continúan creciendo, mantienen extensos vínculos con miembros de la fuerza pública y funcionarios locales, y cometen atrocidades en forma generalizada.

Sobre la problemática de Brasil, HRW criticó que las entidades policiales de ese país realicen prácticas abusivas con impunidad, en vez de realizar acciones policiales de vanguardia.

Acusó además al Estado brasileño de permitir que funcionarios judiciales que tratan de señalar a los agentes policiales sus violaciones a la ley reciben amenazas violentas. Destacó que la juez Patricia Acioli fue asesinada en agosto de 2011 con un arma de fuego afuera de su casa en el estado de Río de Janeiro –próxima sede olímpica y del Mundial de Futbol–, en una aparente venganza por haber ordenado la detención de policías sospechosos de homicido.

Acerca de Argentina, HRW cuestionó el deplorable estado de las cárceles del país y la práctica persistente de la tortura en esas instalaciones.

Asimismo, criticó que en este país sudamericano, donde el aborto es ilegal, las mujeres y jóvenes enfrentan numerosos obstáculos para acceder a productos y servicios de salud reproductiva, como anticonceptivos, esterilización voluntaria y abortos tras violación. Esto propicia que anualmente haya medio millón de legrados clandestinos.

Respecto a Cuba, HRW apuntó que a la conocida bloguera Yoani Sánchez, que ha criticado al gobierno, se le ha negado el derecho a salir de la isla para recibir premios y participar en conferencias en al menos 16 ocasiones en los últimos cuatro años.

Sobre Venezuela, la agrupación neoyorquina se solidarizó con la juez María Lourdes Afiuni, detenida hace dos años por otorgar libertad condicional a un banquero acusado de corrupción.

HRW también señaló que los crímenes violentos proliferan en Venezuela, y puso de relieve que las prisiones de este país están entre las más violentas de América Latina, agobiadas por problemas de hacinamiento, corrupción y vigilancia insuficiente.

Al referirse a Ecuador, HRW indicó que las leyes penales de difamación que restringen la libertad de expresión siguen en vigor y (el presidente Rafael) Correa las ha utilizado en varias ocasiones contra sus críticos, uno de los cuales publicó una columna en el diario El Universo en la que llamó dictador al mandatario que tomó posesión en 2007 y lo acusó de crímenes de lesa humanidad sin una causa precisa.

También en relación con la actividad de los medios de información, HRW destacó que 34 periodistas chinos fueron detenidos en 2011 a causa de las ambiguas leyes sobre la incitación a la subversión o revelación de secretos de Estado.

Para conocer más sobre el informe de HRW, se puede consultar en la dirección de Internet www.hrw.org/home, con versiones en español y otros idiomas, por países y por temas.