La empresa trasnacional Telefónica presentó ante la Secretaría de Economía (SE) la notificación formal de reclamación en arbitraje de inversión, al pretender que el gobierno mexicano le pague por reparación 14 mil 737 millones de pesos, sin incluir afectaciones no cuantificables por daño moral, lo cual se encuentra incluido en el arbitraje presentado el pasado 7 de septiembre.

Ramiro Sánchez de Lerín García-Ovies, secretario general del consejo de administración de la firma española, envió dicha notificación (de la cual La Jornada tiene copia) al director general de Consultoría Jurídica de Negociaciones de la Secretaría de Economía, Carlos Véjar; al subsecretario de Comercio Exterior de la dependencia, Francisco de Rosenzweig, y al director general para Europa y Área del Libre Comercio de la Américas, Juan Manuel Antonio Luna.

Mientras Iusacell –compañía que uniría a Televisa y Tv Azteca en su batalla contra Telcel por el mercado de la telefonía celular– la ha emprendido contra autoridades de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) por el monto de las tarifas de interconexión, Telefónica había permanecido, aparentemente, al margen del caso; sin embargo, desde septiembre, en sigilo, ya litigaba contra el gobierno mexicano.

La española, representada en el país y América Latina por el que fue secretario de Hacienda en el gobierno de Vicente Fox, Francisco Gil Díaz, se dice afectada por el costo de las tarifas de interconexión impuestas por la SCT y la Cofetel. En su notificación a la SE aduce que el gobierno mexicano aplica tarifas preferentes a los competidores del país, hecho que le ha perjudicado en sus multimillonarios ingresos, y a la par pretende ser indulgente con la administración de Felipe Calderón.

Telefónica México pretende a través de estos recursos generar una oportunidad al gobierno mexicano para modificar esa tarifa e indirectamente establecer tarifas asimétricas, expone.

El documento advierte que el gobierno mexicano ha violado en su relación con Telefónica el acuerdo para la promoción y protección recíproca de inversiones entre México y España. Telefónica se ha visto orillada a recurrir dichas violaciones mediante el arbitraje bajo el acuerdo de inversión, el incumplimiento por Telefónica de los requisitos bajo el acuerdo de inversión y la disposición de Telefónica de negociar de buena fe con el gobierno mexicano y cumplir con el acuerdo de inversión.

La notificación de reclamación de esa empresa desglosa hechos que, según sus intereses, la autoridad mexicana habría propiciado en detrimento de Telefónica.

El conjunto de decisiones que de manera sistemática el gobierno mexicano ha adoptado afectan seriamente a Telefónica de México.

La empresa considera que el gobierno ha incumplido su deber de respetar el acuerdo de inversión con España; ha ignorado la obligación de no discriminar; su obligación de extender un trato no menos favorable que el más favorable que se otorga a cualquier extranjero; extender un trato mínimo y acorde con el derecho internacional, incluyendo el trato justo y equitativo; la obligación de no expropiar, nacionalizar ni afectar ninguna medida equivalente a una expropiación; el deber de extender protección y seguridad; el deber de evitar y compensar pérdidas; la obligación de garantizar que todas las transferencias relacionadas con una inversión sean realizadas libremente y sin demora, y observar las obligaciones asumidas y relacionadas con la inversión de Telefónica.