La propuesta de Andrés Manuel López Obrador para organizar 12 debates entre los abanderados de PRI, PAN y la izquierda será estudiada por una comisión del Consejo General del Instituto Federal Electoral (IFE) que consultará a los actores políticos sobre la conveniencia de organizarlos.

Leonardo Valdés Zurita, presidente consejero del IFE, desglosó las condiciones de la probable implementación de los debates propuestos por López Obrador: “Un lineamiento que nos dé certeza a todos de cuántos debates se van a realizar, y cómo se van a organizar, y un lineamiento que también dé certeza a la organización y difusión de otros encuentros que se pudieran llevar a cabo.

Es mi convicción que sería conveniente que esa comisión del Consejo General establezca un lineamiento que dé certeza y claridad acerca de cómo se deben organizar esos debates y cómo, eventualmente, pudieran difundirse. Por supuesto que en mi opinión el IFE debe fomentar la realización de debates. El IFE incluso debe ser la casa donde se lleven a cabo.

Sin limitaciones

En días recientes las televisoras, mediante la CIRT, han alentado una crítica infundada sobre la inconveniencia de organizar debates entre los precandidatos a la Presidencia de la República o a la jefatura de Gobierno del Distrito Federal. Sobre el particular la ley es incontrovertible. El Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales no impone ninguna limitación para que se realicen encuentros entre los precandidatos. Incluso, apuntó el mismo Valdés, el código es omiso en esa figura, no habla de esa posibilidad y, además, no incluye que no se puedan realizar.

Tanto la Constitución como el código electoral señalan que sí está prohibido a los partidos comprar tiempo en radio y televisión, y está vedado para los concesionarios vender tiempo en esos medios con el propósito de organizar debates. El argumento de los concesionarios carece de sustancia, indicó.

También desmintió que existan cinco millones de ciudadanos sin posibilidad de votar en julio próximo. Se trata de cinco millones de registros, y nosotros tenemos una evaluación muy profesional, que nos demuestra que la mayoría corresponden a personas que ya fallecieron o, en su caso, personas que emigraron del país y que no se encontraban en condiciones de renovar sus credenciales, aclaró.