Aprobar la LPSSAN, demanda campesina a senadores

• La pobreza, emigración e inseguridad alimentaria son justificantes, dicen en presentación de libro de Víctor Suárez

La presentación del libro Política públicas para la agricultura mexicana, de Víctor Suárez Carrera (Editorial Itaca, 2011), realizada en un salón del Senado de la República el 7 de diciembre pasado, sirvió para que representantes campesinos exhortaran a los legisladores a votar ya la minuta de Ley de Planeación para la Soberanía y la Seguridad Alimentaria y Nutricional (LPSSAN), la cual se ha mantenido “congelada” en la Cámara alta desde 2006, luego de que fue votada favorablemente ese año por la Cámara de Diputados.

Suárez Carrera, director de la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo (ANEC), y Max Agustín Correa, secretario general de la Central Campesina Cardenista (CCC), protagonizaron tal exhorto, y el perredista Antonio Mejía Haro, secretario de la Comisión de Desarrollo Rural del Senado, dio una respuesta inmediata: “si (una minuta) no es dictaminada, se puede turnar también directamente al pleno. En febrero, en el próximo periodo vamos a presentar una excitativa y, de no tomarse cartas en el asunto, vamos a solicitar que se vaya al pleno la discusión y allí vamos a ver de qué están hechos cada una y cada uno de los senadores, si están con el campo o con los intereses de las trasnacionales”.

Alberto Montoya Martín del Campo, vicepresidente ejecutivo del Centro de Estudios Estratégicos Nacionales y prologuista del libro, recordó que la minuta de la LPSSN surgió como resultado del Acuerdo Nacional para el Campo, de 2003, el único acuerdo firmado por el gobierno de Vicente Fox con organizaciones de la sociedad civil.

Dijo que hay motivos para que tal ley sea aprobada con un sentido de urgencia: “La dependencia alimentaria es creciente; cada año debemos alimentar un millón de bocas adicionales. No podemos permanecer en una actitud irresponsable y estática”.

La necesidad de políticas para el campo con base en un plan prospectivo (a 24 años) y con presupuestos multianuales como lo plantea la minuta de ley, se justifica pues, dijo Montoya, el desarrollo del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) ha propiciado un desplome en la rentabilidad del campo, con una pérdida de seis millones de empleos y miles y miles de productores sufren a grados tales que en algunos casos han incluso dejado de producir y han acelerado su emigración a Estados Unidos.

“Con las divisas que ellos (los migrantes rurales) envían, estamos importando alimentos, al tiempo que tenemos siete millones hectáreas sin cultivar en México. Esto es irracional e injusto. Hay una afectación a millones de jóvenes que sufren una violencia multidimensional y que son las víctimas directas e indirectas del crimen organizado. Y mientras, hay una expansión de corporaciones globales, que son las que controlan los procesos de producción, almacenamiento y comercialización de alimentos en partes significativas”, afirmó y citó también información reciente de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), relativa a que en el subcontinente sólo México y Honduras registran crecimiento en la pobreza, sobre todo en la rural, y eso “es una irresponsabilidad porque tenemos los recursos, la gente y las condiciones” para producir alimentos y bienestar social.

Víctor Suárez, autor e un impulsor principal de la LPSSAN cuando fue diputado federal, en la Legislatura LIX (2003-06), dijo que la fracción parlamentaria de Acción Nacional (PAN) y varios legisladores del Partido Revolucionario Institucional (PRI) son irresponsables y se han negado a darle viabilidad a esa ley, y por tanto son culpables, junto con el Poder Ejecutivo, de que la producción agrícola del país siga estancada y que la pobreza y el hambre, que afectan al medio rural sobre todo, estén aumentando.

“Mientras en Brasil han logrado sacar a 28 millones de la pobreza, en México hemos sumido a 10 millones en ella. En los dos países vivimos las mismas condiciones de globalización, pero en Brasil hay voluntad política para avanzar contra el hambre”, como lo demuestran su programa Hambre Cero y una serie de herramientas de política de Estado que han surgido por propuesta de la sociedad civil, pues en ese país hay un Consejo de Seguridad Alimentaria y Nutricional, compuesto en dos terceras partes por miembros de la sociedad y un tercio por representantes del gobierno.

Ese Consejo, con representaciones locales, propone, orienta y evalúa las política agroalimentarias; además, hay una Ley de Agricultura Familiar, hay un consejo interministerial para los temas de seguridad alimentaria y nutrición, y el país está a punto de dar un paso más con el programa Brasil sin Miseria enfocado a atender en los próximos cuatro años (en el gobierno de Dilma Roussseff) a 16.5 millones de brasileños que están en la indigencia, “y lo van a lograr”, dijo Suárez.

Consideró clave la participación de la sociedad en las decisiones e implementación de las políticas públicas en Brasil. “El tema de la democracia es fundamental”. Y lamentó que en México gente en el poder, “neoliberales y tecnócratas”, frene la iniciativa de ley mencionada; “es vista como subversiva, comunista, cuando lo que pretende es que haya planeación y tengamos una visión de largo plazo. Pareciera que hablar de seguridad y soberanía alimentaria no es un tema de Estado sino es un tema de los mercados”.

Señaló que la minuta de la LPSSAN “es un trabajo colectivo del movimiento campesino –de lo que fue El Campo no Aguanta más (Mecnam) y otras organizaciones– que es capaz de decir a los poderes que hay alternativas estructurales para resolver los grandes problemas de la agricultura y la alimentación”. Su no aprobación “es una falta de respeto y pérdida de energía social y de construcción colectiva”.

El senador Mejía Haro mencionó datos que justifican avanzar en una reforma jurídica para el campo, y en particular en la aprobación de la LPSSAN. México, dijo, depende de importaciones en 48 por ciento de su abasto agrícola y de alimentos; la balanza comercial agroalimentaria es altamente deficitaria (de alrededor de seis mil millones de dólares en 2008); nuestro país es muy muy dependiente de la ofert a de un solo país, Estados Unidos, el cual toma decisiones que han provocado crisis importantes, como fue en 2006-07 con el uso intensivo de maíz para etanol, que provocó un fuerte encarecimiento de la tortilla en México. Por tanto México es muy vulnerable ante la inseguridad alimentaria (LER).