De heladas, sequías y granizadas

FOTO: Carlos Ramos Mamahua

Blanca Rubio
Investigadora IIS-UNAM

Durante 2011 llovió sobre mojado en el campo mexicano. A los efectos de la segunda fase de la crisis alimentaria mundial ocurrida a principios del año se sumaron los desastres naturales del clima: heladas y sequías se han desplegado en el medio rural agudizando la situación alimentaria del país y la debacle de los productores rurales.

Las heladas ocurridas en el invierno de 2010 en Sinaloa generaron la pérdida parcial de la producción de 600 mil hectáreas y total de 400 mil, por lo que fue necesario impulsar la resiembra en el ciclo primavera-verano, a pesar del enorme costo que significó en términos de agua y recursos financieros. Los dos millones 750 mil 358 toneladas que se obtuvieron fueron insuficientes para abastecer la demanda nacional, por lo que fue necesario importar maíz blanco de Sudáfrica, país excedentario en este grano. Con ello, el precio de la tonelada de maíz se elevó de tres mil 710 pesos en diciembre de 2010 a cinco mil 150 en el primer semestre del año.

Todavía no se superaba esta situación cuando sobrevinieron otros desastres climatológicos. Por un lado, ocurrió la sequía más intensa desde 1971, según el director de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), con un impacto severo en 70 por ciento del territorio nacional. Para junio habían muerto alrededor de cinco mil cabezas de ganado. Actualmente se dispone de un 33.3 por ciento menos de agua, por lo que en Sinaloa se cultivarán solamente 200 mil hectáreas de las 470 mil que se siembran. Se espera, por tanto, una merma del 60 por ciento en la producción de maíz blanco para el ciclo otoño-invierno. En el Estado de México, Michoacán, Jalisco y Guanajuato se retrasaron por un mes completo las lluvias, por lo que se estima un declive de 30 por ciento en su producción respecto del año anterior.

Por otro lado, las heladas ocurridas en septiembre afectaron alrededor de 380 mil hectáreas, principalmente de cultivos básicos como el maíz, el frijol, la cebada y el trigo. Los estados más afectados fueron Puebla, Hidalgo y Tlaxcala.

En el primer semestre de 2011 se observó una caída de 29 por ciento en la cosecha de granos, y se estima que el déficit del año completo sea superior, pues tan sólo en maíz se calcula una pérdida de 6.5 millones de toneladas.

Ante esta situación, en primer término el gobierno ha optado por minimizar la situación: señala que no habrá problemas de abasto. Sin embargo, esto es muy cuestionable, pues la merma de granos obligará de nuevo a importar maíz blanco en una situación mundial en la que se dificultará adquirir el grano, toda vez que son muy pocos los países que producen este cereal, y los elevados precios mundiales están generando una enorme precaución en los países para vender sus cosechas.

En segundo término, el gobierno pretende impulsar un programa emergente para alentar la producción de maíz blanco y frijol en Veracruz, Tabasco, Campeche y Chiapas. Sin embargo, hay quienes consideran que esta solución es parcial, pues aunque en el sureste hay agua para 220 mil hectáreas de maíz, el rendimiento promedio es menor a dos toneladas por hectárea.

Los desastres climatológicos han evidenciado la fragilidad de la producción alimentaria nacional, pero sobre todo la falta de voluntad política del gobierno para fortalecer la producción básica.

Si bien los problemas del clima son inevitables, sus efectos pueden sortearse cuando se tienen políticas integrales de producción, que permitan compensar la producción siniestrada en una región con la obtenida en otras partes del país, o bien mediante la formación de reservas alimentarias.

Sin embargo, la política actual se ha centrado en privilegiar a una sola zona del país como la oferente del maíz blanco que consume la población, concentrando los recursos y los apoyos en un reducido grupo de productores. Para el 2009 Sinaloa producía el 50 por ciento del maíz blanco del país en tierras de riego y el 26 por ciento en el conjunto de las tierras del país, a la vez que absorbía el 39 por ciento del crédito de la Financiera Rural.

Asimismo, los recursos al campo están concentrados en una reducida elite de productores. En Procampo, el diez por ciento recibió el 53 por ciento del recurso del programa, mientras que en Ingreso Objetivo el diez por ciento acumula el 67 por ciento de los recursos.

En cuanto a la reserva de granos, a pesar de que fue una promesa hecha por el Ejecutivo en el programa presentado el 25 de mayo del 2008 para resolver la crisis alimentaria, hasta la fecha no se ha concretado.

Observamos que, a pesar de la situación mundial que ha generado el aumento de los precios de los alimentos, aunada a un fortalecimiento del dólar que encarece claramente las importaciones de éstos, el gobierno sigue atendiendo los problemas del campo con una visión cortoplacista, como si fueran coyunturales, sin dar una respuesta integral para fortalecer la agricultura como lo están haciendo ya muchos países.

El Ejecutivo propuso al Legislativo un presupuesto rural para el 2012 con una reducción de 11.6 por ciento en relación con el año anterior. Si bien en la Cámara de Diputados se incrementó el presupuesto hasta alcanzar un 3.9 por ciento más en términos nominales en relación al 2011, continuó sin embargo la tendencia de años anteriores, de otorgar un porcentaje mayor a los programas sociales que a los productivos, bajo la concepción de los campesinos como pobres y no como productores. Mientras la vertiente social absorbe el 27.3 por ciento del presupuesto, infraestructura alcanzó sólo 19 y competitividad 17.3 por ciento. El caso más absurdo es el del financiamiento, que representa apenas el 0.8 por ciento del presupuesto.

Por esta razón, México se caracteriza por ser uno de los países que invierte menos recursos en apoyar a la agricultura. Según el informe Monitoreo y evaluación de la política agrícola de 2011, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), los apoyos al agro de nuestro país se redujeron de 28 por ciento, en relación con el valor de la producción agrícola total más el apoyo presupuestal, en el período 1992-93, a 12 por ciento en 2008-2010, a pesar de que se había iniciado ya la crisis alimentaria. Este apoyo es uno de los más bajos de los países que pertenecen a esta organización, pues el promedio oscila alrededor de 18 por ciento.

Los subsidios y apoyos totales al sector agropecuario en nuestro país representan solamente el 0.8 por ciento del Producto Interno Bruto, mientras que las transferencias a los servicios generales representaron el diez por ciento de la Estimación Total del Apoyo, muy por debajo del promedio de la OCDE que fue de 24 por ciento. (Imagen Agropecuaria. 26/09/11).

Podemos concluir que los desastres naturales afectan al país gravemente así como a los productores rurales, en gran medida debido a la fragilidad en la que se encuentra el campo nacional. La concentración de la producción de maíz blanco en Sinaloa llevó a que las heladas de 2010-2011 afectaran fuertemente el abasto nacional, obligando a resembrar en el ciclo primavera-verano. Este primer aviso de la errada política que prevalece no fue considerado y se siguió impulsando una política centrada en resolver las emergencias sin cambiar la orientación estratégica. Las heladas y sequías del segundo semestre del año han vuelto a poner en jaque la situación del abasto, y de nuevo se dan respuestas de corto plazo, poniendo en riesgo con ello la disponibilidad de alimentos en el país.

Tal situación ha generado una descapitalización y regresión tecnológica en el campo, manifiesta en la caída de la demanda de tractores, que pasó de 19 mil unidades en el 2009 a sólo diez mil en el 2011, a pesar del incremento de los precios que ha traído consigo la crisis alimentaria mundial.

Por este camino se consolidará nuestra posición como país deficitario. Las importaciones de maíz blanco en 2011 se incrementaron en 122 por ciento respecto del año anterior, mientras que el valor de las importaciones totales de maíz (blanco y amarillo) se elevó en 66 por ciento en relación al 2010.

Solamente transformando la política agropecuaria hacia una orientación integral, con una distribución equitativa de los recursos, el incremento del apoyo al campo, el impulso del financiamiento, la capacitación y la asesoría, en el contexto de precios redituables, y garantizando un mercado amplio para los productos, se podrá fortalecer la agricultura, para que los desastres naturales no colapsen el abasto nacional.

Sin embargo, a pesar de que el pronóstico de la Conagua para el 2012 prevé que continuará la sequía en por lo menos ocho estados, poniendo en riesgo las hectáreas de temporal de 250 municipios, la respuesta del Ejecutivo a los legisladores que le solicitaban diez mil millones de pesos para enfrentar el problema, fue contundente: “Quiero que me digan de dónde sacamos la lana, de tal forma que no quebremos al país como siempre (Imagen Agropecuaria. 1/12/2011)

Con estas respuestas no se sabe qué es más calamitoso: los desastres naturales o la política oficial hacia el campo.

Programa extraordinario de producción P-V 2012 Caravana del hambre FOTO: Cortesía El Barzón Última llamada para revertir la catástrofe alimentaria Víctor Suárez Carrera Director ejecutivo de la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo El país enfrenta la peor situación alimentaria de 80 años: caída de la producción de alimentos en un 50 por ciento en 2011; precios agrícolas internacionales al alza; devaluación del peso frente al dólar –que encarece las importaciones–; elevación sin freno de la canasta alimentaria básica, e incremento de la pobreza alimentaria –eufemismo calderonista para no hablar del hambre y la desnutrición– y de la obesidad y el sobrepeso. México se ubica en los primeros lugares de América Latina y el Caribe en inseguridad alimentaria y crecimiento de la pobreza y de la desigualdad. Son los saldos de 30 años de neoliberalismo en la agricultura y la alimentación, incluyendo la década pérdida de la alternancia de derecha. Las catástrofes agropecuarias en 2011, derivadas de fenómenos climatológicos extremos, vinculados al calentamiento planetario, únicamente han profundizado la catástrofe provocada por las políticas agroalimentarias neoliberales, y han proporcionado un pretexto perfecto al gobierno federal y a los estatales frente al abandono del campo y su incapacidad para enfrentar los graves problemas. En efecto, para el gobierno federal la catástrofe agroalimentaria que hoy enfrenta el país es “culpa de la naturaleza; qué le vamos a hacer”. Pareciera que en 2011 se hubieran conjuntado todas las adversidades climatológicas posibles: sequía en el norte, inundaciones y deslaves en el sur-sureste, heladas en Sinaloa y Sonora en febrero y en el Altiplano central en septiembre, temporal de lluvias irregular en el Bajío- Occidente… y sigue la racha en 2012. En el campo se dice que la mala suerte persigue a nuestro país desde que Calderón se empecinó en llegar a la Presidencia “haiga sido como haiga sido”. El hecho es que en 2011 se perdió casi la mitad de las cosechas de maíz, frijol, trigo, arroz, sorgo y hortalizas y una cantidad aún no medida de ganado. La responsabilidad de la catástrofe agroalimentaria es compartida por el gobierno federal y las LX y LXI Legislaturas del Congreso de la Unión (dominadas por el PRI y el PAN) que hicieron caso omiso a las advertencias y propuestas de medidas de emergencia y cambio de modelo agroalimentario que oportunamente fueron presentadas por muchas voces, entre ellas el Consejo Nacional de Organizaciones Campesinas (CONOC), el 17 de enero de 2007 –después del tortillazo de Calderón– y en febrero de 2011 –después de las heladas de Sinaloa–. Antes, la Campaña Sin maíz no hay País (2007-2011) y el Movimiento El campo no aguanta más (2002- 2003) habían hecho lo propio, sin eco alguno por parte del gobierno federal. Para el gobierno federal y el Congreso de la Unión, la respuesta a la emergencia fue la continuidad neoliberal, la inercia, la burocracia y la simulación. ¿Cómo explicar tal insensibilidad e inmovilismo? Por un problema de percepciones. Para las grandes corporaciones agroalimentarias mexicanas y trasnacionales y para el capital financiero internacional vinculado a la agricultura, no había ni hay emergencia ni catástrofe agroalimentaria, sino buenos negocios con ventas y utilidades crecientes. ¿Para qué cambiar? FOTO: Cortesía El Barzón Desafortunadamente, en el ciclo otoño-invierno 2012/12 el país no podrá recuperar las pérdidas en las cosechas de 2011 por la falta de agua suficiente en las presas, y por tanto el mercado agroalimentario continuará subabastecido, con una tendencia alcista en los precios a lo largo de 2012, con un fuerte presión devaluatoria y un contexto internacional de volatilidad de los precios y crisis económica y financiera en la Unión Europa y Estados Unidos. En el corto plazo (y en el mediano y largo también) la única respuesta que tiene el país para aumentar la producción de alimentos y mitigar la catástrofe agroalimentaria se encuentra en el ciclo de siembras primavera– verano 2012/12 (PV 2012) caracterizado por los minifundistas de temporal, en su mayoría de ascendencia indígena. Es paradójico que el sector al que se ha despreciado, abandonado y estigmatizado como atrasado, improductivo, ineficiente, flojo, etcétera, ahora sea el que tenga en sus manos, tierras, trabajo y conocimientos la salvación del país. Los pequeños y medianos productores de temporal del Altiplano central, del sur-sureste, del Bajío-occidente y del norte son quienes pueden desplegar su potencial productivo negado por más de tres décadas de neoliberalismo y lograr una producción de alimentos suficiente para atemperar el desabasto y contener la escalada alcista en los precios. El gran potencial del ciclo PV, y en especial del sur-sureste, ha sido apenas “descubierto” y reconocido por la Secretaría de Agricultura. Se trata de cuatro millones de unidades de producción con estrategias diversificadas de producción para el autoconsumo y los mercados regionales, con suficiente e incluso excesiva humedad, capaces de obtener dos o hasta tres cosechas al año, que han carecido de crédito, asistencia técnica y apoyos productivos, por no decir de inversión pública estratégica –social y productiva– y apoyos a la auto organización económica. En el PV 2012 podría incrementarse la producción de granos básicos (maíz, frijol, arroz, trigo, sorgo, cebada, avena) en al menos 25 por ciento como resultado de la puesta en marcha de un programa extraordinario de fomento a la producción que incremente a la vez la superficie sembrada y cosechada, con el aumento sostenido en los rendimientos físicos, en la rentabilidad económica y en la sustentabilidad ecológica. Debemos ser capaces de construir una voluntad política del más alto nivel que involucre a todo el gobierno federal, al Congreso de la Unión, a los gobiernos estatales y las organizaciones campesinas y demás sectores productivos del campo. La voluntad política se construye con propuestas viables más movilización social. Se trata de establecer un programa extraordinario de fomento a la producción alimentaria en el ciclo PV 2012 con los siguientes puntos: 1. Apoyo sin excusa ni pretexto antes del 31 de enero a todos los productores agropecuarios afectados por las sequías en el norte, las heladas en el Altiplano central (Tlaxcala, Puebla, Hidalgo) y las inundaciones-deslaves del sur-sureste. Apoyos para compensar las pérdidas, pagar los créditos al ciento por ciento y empleo temporal para apoyar los ingresos familiares y detener la hambruna, el crecimiento de la pobreza y la descapitalización. Si esto no se resuelve total y oportunamente, decenas de miles de productores caerán en cartera vencida y estarán imposibilitados de sembrar en el ciclo PV 2012. FOTO: Enrique Pérez S./ ANEC 2. Entrega garantizada de los apoyos del Procampo antes del 31 de marzo a todos los beneficiarios. Si para empezar los secretarios de Agricultura, Francisco Mayorga, y de Hacienda, José Antonio Meade, no pueden poner en práctica esta vieja y fácil propuesta-demanda, no habrá nada más qué hacer respecto a los puntos siguientes. ¡Es preciso recordar que aún no se termina de pagar el Procampo 2011! 3. Puesta en marcha de un programa federal especial tipo Proyecto Estratégico para la Seguridad Alimentaria (PESA) para el fomento de la producción de autoconsumo en un millón de unidades de producción. 4. Puesta en marcha del programa federal de altos rendimientos en cuatro millones de hectáreas de mediano y alto potencial, incorporando los puntos siguientes: A. Cuadruplicar el acceso al crédito de avío para la producción de granos básicos por medio de Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA) y Financiera Rural (FR), con una reducción de las tasas de interés tipo Sinaloa resiembra, es decir, del 5.7 por ciento al productor. B. Los contratos de crédito deben estar suscritos a más tardar el 31 de marzo. C. Asignar recursos extraordinarios para: apoyos para encalado de suelos, diesel agrícola a la mitad del costo y ampliación de los seguros catastróficos, de los subsidios a la prima del seguro agrícola y de coberturas de precios. D. Dotar de recursos extraordinarios a organizaciones económicas campesinas locales y regionales –no a despachos– para asistencia técnica a ras de tierra, análisis de suelos y capacitación de campesino a campesino. E. Lo anterior debe lograrse con una reasignación y realineamiento de la multiplicidad de programas del presupuesto rural 2012. Los recursos deben reorientarse de manera extraordinaria en función del programa extraordinario. 5. Se requiere conformar una comisión coordinadora de alto nivel del programa extraordinario conformada por titulares de secretarías de Estado (Agricultura, Hacienda, Desarrollo Social y Gobernación), la Comisión del Campo de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) y diez representantes de las organizaciones campesinas y demás sectores productivos vinculados al PV. Esta comisión deberá reunirse semanalmente y será responsable del cumplimiento de las metas del programa. Entre otras tareas, deberá asegurar el suministro de los insumos para el programa, garantizando que se dispongan en el mercado en la cantidad, precio y oportunidad apropiados, sin especulación y sin transgénicos. Estamos a tiempo. Es posible. Se requiere que el gobierno federal haga a un lado el autoritarismo y la inercia y deje de servir al dios-mercado y a las grandes corporaciones agroalimentarias. Si el movimiento campesino no es capaz ahora de presionar y obligar al gobierno federal, principalmente, y al Congreso de la Unión, tendremos que esperar hasta diciembre de 2012 a que un gobierno progresista establezca estas medidas extraordinarias, y, sobre todo, un cambio de modelo agroalimentario y de desarrollo rural.

Norte y sur complementarios; necesario racionalizar apoyo a la agricultura comercial y a la minifundista

FOTO: Marisol Chapur

José Antonio Mendoza Zazueta
Secretario técnico del Proyecto
Conocimiento y Cambio en Pobreza Rural
y Desarrollo, capítulo México (Rimisp)

La a gricultura mexicana muestra una acentuada dualidad estructural derivada de procesos históricos, y eso genera controversias entre norte y sur.

Observamos por un lado la agricultura del norte, donde las particularidades de la dotación de la tierra y la construcción de infraestructura agrícola indujeron el desarrollo de investigación desde hace décadas para cultivos comerciales de clima templado –trigo, soya y maíz–, y también sorgo para el caso de Tamaulipas, haciendo de esta región el granero del país, en particular Sonora, Sinaloa y Tamaulipas.

Y por otro lado, vemos la agricultura del sur, generalmente de minifundio, ladera y plantaciones comerciales (café y azúcar, en particular), donde predomina la condición agroecológica de trópico húmedo y donde la producción se ha dado históricamente en una situación de temporal –sujeta a la lluvia– y sin procesos importantes de investigación.

Esta dualidad se ha acentuado con el tiempo, sobre todo cuando el minifundio ha forzado a las familias campesinas a diversificar sus fuentes de ingreso y actividades, ante la insuficiencia del ingreso agrícola para una vida digna. Y entonces sobrevienen dilemas que hoy se discuten con mucha fuerza, en el marco de una caída de producción agrícola nacional propiciada por la agudización de los fenómenos climáticos que vivimos en 2011 y que tuvieron efectos en todo el territorio nacional.

Me refiero al señalamiento de que la agricultura comercial del norte concentra los subsidios y sobre todo orientados a bienes privados –apoyos dirigidos a productores o empresas– en lugar de bienes públicos, mientras que la agricultura campesina del sur y centro recibe más bien asistencialismo o una política de fomento productivo que no es congruente con la estrategia de vida que ha tenido que desarrollar a lo largo del tiempo.

También me refiero a planteamientos y discusiones surgidas, cuando ahora –ante los problemas de caída de cosechas en Sinaloa debido a las heladas– se busca, desde la autoridad agrícola, desarrollar más la agricultura productora de granos y cereales en el trópico húmedo, en donde, como ya dije, la investigación no ha sido suficiente.

Respecto al primer asunto, mi comentario personal es que la agricultura comercial de alguna suerte compite con las de otros países, concretamente Estados Unidos, y en ese sentido requiere apoyos. El asunto de fondo es si los apoyos actuales son los pertinentes. Sería irresponsable suponer que la producción comercial de granos y cereales no debe tener apoyos; la oferta de maíz de Sinaloa es importante para el país no sólo por su volumen, sino por las fechas en que sale (mayo, junio y julio), cuando la comercialización de la producción de temporal ya se dio, de tal forma que Sinaloa puede actuar como un factor compensatorio importante. Los apoyos allí deberían orientarse a reducir los costos pos-cosechas, a la integración de cosechas con los mercados regionales y al a formación de reservas para enfrentar déficit en el país cuando la producción de temporal sufra pérdidas, pues algo que es indudable es que la agricultura del centro y sur es muy errática; las sequías y heladas no son de hoy, son de siempre, aunque ahora se han intensificado por el calentamiento global. Y si comparamos los índices de siniestralidad de la agricultura de riego con la de temporal, vemos que esta última es mucho más vulnerable al clima.

En cuanto al segundo punto, no es la primera vez que se trata de producir de manera inmediata en regiones ante la insuficiencia de la producción de otras. Hace 25 años un subsecretario de Agricultura le planteó a Sinaloa que produjera más frijol para compensar pérdidas en los estados del centro, y que lo hiciera en un ciclo donde el frijol no se da en el estado. Eso no fue posible. Hay limitaciones agroecológicas. Hay otros ejemplos: hace 20 años Veracruz y Campeche tuvieron programas para elevar rendimientos de maíz, pero no se acompañaron de procesos de mecanización de la cosecha. No es lo mismo producir dos toneladas por hectárea que ocho; los costos se elevaron y hubo necesidad de pagar jornales escasos y caros por la emigración.

FOTO: Marisol Chapur

Mientras no entendamos la sociología productiva del centro y sur del país, del minifundio sobre todo, va a ser muy difícil que incrementemos la producción de granos para subsanar las deficiencias que puedan tener estados como Sonora, Sinaloa, Jalisco y Tamaulipas. Es cierto, requerimos un enfoque deliberado y efectivo para mejorar tanto las condiciones socioeconómicas de los productores rurales de minifundio en granos, como la investigación para lograr que en sus condiciones agroecológicas se tenga mejor producción. Y para ello se requiere una política con apoyos públicos.

Y algo muy importante: la continuidad. No es la primera vez que en México se plantea la necesidad de que el sur o el trópico húmedo, con mejor lluvia, incrementen su producción de granos, fundamentalmente maíz. Los programas que ha habido en el pasado, como el denominado Milpa Maya, en Quintana Roo; el de vinculación de maíz amarillo con granjas avícolas en Campeche, e incluso el propio Sistema Alimentario Mexicanos (SAM), surgieron ante coyunturas de insuficiencia, como acciones emergentes, y cuando mucho tuvieron como duración un sexenio, no hubo continuidad, y más grave aún, carecieron de articulación de todos los elementos que requerían para tener éxito. El SAM hizo hincapié en la entrega de semillas mejores y fertilizantes, pero se desconectó de una realidad. Esa producción depende de la lluvia, había que acompañarla con esquemas de labranza que infiltraran el agua.

Ciertamente, el país debe tener opciones y regiones que se complementen, para amortiguar los déficit de oferta, pero debe buscarse fundamentalmente que la siniestralidad sea menor. Al respecto, pienso que la estrategia más reciente del gobierno federal, Masagro, surge como una opción más congruente, porque, primero, pretende una “revolución verde” pero ahora en tierras de temporal, en agricultura de minifundio; segundo, se plantea un horizonte de largo plazo, diez años; tercero, le da mucho énfasis a la extensión agropecuaria y a las condiciones soecio-económicas del minifundio y temporal, y cuarto, busca variedades mejoradas que sean más aptas para la agricultura de temporal.

Por todo esto, no debe verse en blanco y negro si el norte se lleva los apoyos públicos o si el sur tiene menos. En el futuro inmediato va a seguir siendo necesario estimular la producción de granos del norte, pues llevará tiempo reducir la siniestralidad del temporal (hay años donde al menos oficialmente se registran más de dos millones de hectáreas). Estoy de acuerdo, por otro lado, que la agricultura de minifundio, de ladera del centro y sur, y de trópico húmedo, requieren una mayor atención, y no sólo para fortalecer las estrategias de vida de la gente –que difícilmente va a encontrar en el ingreso agrícola el sustento mayor–, sino para generar una política de seguridad y soberanía alimentaria y, algo muy importante, para valorar los servicios ambientales, pues es urgente afrontar los problemas de erosión, que han crecido precisamente por no pagar tales servicios. En este sentido Masagro es una estrategia correcta.

Entonces la conclusión es que el norte y el sur no representan una disyuntiva. Deben generarse los apoyos y las políticas más pertinentes y racionales para una y otra agriculturas y permitir su complementariedad. La disputa resulta ociosa.