Sí se puede

Seguridad alimentaria en Brasil

Conclusiones de una conferencia alentadora

FOTO: Ekaterina Krasnikova

1. La Cuarta Conferencia Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional reunida en la ciudad de Salvador (Bahía), del 7 al 10 de noviembre de 2011, con mil 662 delegados y delegadas de la sociedad civil y gubernamentales, electos en conferencia municipales, territoriales y estatales realizadas en todo el país, proceso que involucró a cerca de 75 mil personas y representantes de más de tres mil municipios. A ellos se juntaron 400 invitados nacionales y extranjeros de todos los continentes (...)

2. La Conferencia debatió y deliberó sobre propuestas orientadas a proteger, promover, respetar y promover el derecho humano a una alimentación adecuada y saludable en Brasil y el mundo, derecho fundamental y universal previsto en la Constitución brasileña. Su importancia se ve incrementada en un momento en que el mundo sufre las consecuencias de varias crisis interrelacionadas (económico-financiera, alimentaria, ambiental, climática, energética y política), algunas de ellas agravadas desde el diagnóstico realizado en la Tercera Conferencia Nacional, en 2007. El encarecimiento de los precios de los alimentos, el desempleo y los recortes presupuestarios en los programas sociales incrementarán aún más el número de hambrientos y personas desprotegidas en el mundo. Eventos climáticos también han afectado, con mayor gravedad, tanto las condiciones de la vivienda como las capacidades de producir alimentos de los más pobres.

3. Afirmamos que todos los siete mil millones de habitantes del planeta tienen derecho a una alimentación adecuada y saludable todos los días y a estar protegidos contra el hambre y otras formas de inseguridad alimentaria y nutricional. La capacidad de acceso a dicha alimentación es limitada o nula para mil millones de personas, de las cuales tres cuartas partes se encuentran viviendo en el medio rural. El modelo hegemónico de producción, comercialización y consumo de alimentos y los instrumentos de su regulación no han sido capaces de asegurar dicho derecho y deben ser transformados. A pesar del enorme aumento de la capacidad de producción de alimentos en el mundo, vivimos una inaceptable situación al no haberse erradicado el hambre de la faz de la Tierra, al mismo tiempo que sufrimos los impactos socio-ambientales y de salud de ese modelo hegemónico de producción y consumo.

4. La Conferencia reafirma la necesidad de profundos cambios en el orden internacional que regula la seguridad alimentaria y nutricional, por medio del fortalecimiento del Sistema de las Naciones Unidas y de espacios multilaterales con una activa participación de las organizaciones de la sociedad civil, como el Comité Mundial de Seguridad Alimentaria. Todos los países deben buscar el tener aseguradas las condiciones para formular políticas nacionales soberanas e igualmente participativas orientada a la promoción del derecho humano a la alimentación adecuada y saludable. Esos deben ser los principales objetivos de la cooperación internacional entre países en desarrollo, reforzando el papel de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

5. Reconocemos y valorizamos el significativo avance ya conseguido en Brasil, en la movilización social por la soberanía y la seguridad alimentaria y nutricional, así como en la formulación e implementación de políticas públicas intersectoriales y participativas, que permitirán reducir la miseria y ampliar el acceso a los alimentos. Es necesario seguir profundizando la democracia en nuestro país, y un proceso de desarrollo con distribución del ingreso, con participación y control social en la elaboración, ejecución, monitoreo y evaluación de las políticas. El camino que viene siendo practicado por Brasil es hoy reivindicado en las plazas públicas del mundo por los pueblos opuestos a la continuidad de políticas que privilegian a unos pocos y promueven la concentración del ingreso. Con ellos nos solidarizamos con nuestros corazones y mentes.

6. La trayectoria de democracia participativa emprendida por el Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Consea), entre otros espacios de participación social, dio una decisiva contribución para materializar la decisión brasileña de enfrentar la crisis alimentaria con programas y acciones que buscan la soberanía y la seguridad alimentaria y nutricional en un contexto internacional adverso.

7. Una acción coordinada por la Cámara Interministerial de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Caisan) permitió que se cumpliera la decisión presidencial de allegarnos el Primer Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, expresión de compromisos intersectoriales, englobando 19 ministerios, construido en consulta con el Consea. Las acciones previstas en el plan y otras iniciativas relacionadas con la seguridad alimentaria y nutricional, contando siempre con la participación de las organizaciones de la sociedad civil, cumplen con un papel central en la realización de los objetivos previstos en el Plan Brasil sin Miseria.

8. Nuestro país aún se enfrenta con contradicciones y desafíos recurrentes de nuestra historia de desigualdad social, de marcas dejadas por el autoritarismo del Estado brasileño y de un sistema político que limita una representación democrática.

9. Están suficientemente demostrados los daños causados por el modelo agrícola concentrador de la tierra, por el monocultivo intensivo en agrotóxicos y los riesgos de la utilización de los transgénicos. Este modelo tiene, históricamente, una fuerte presencia en Brasil de tal manera que hoy es el mayor consumidor de agrotóxicos en el mundo. La libre actuación de las grandes corporaciones, apoyada por una irrestricta publicidad de alimentos, ha generado efectos evidentes en la pérdida de soberanía alimentaria de los pueblos y también fenómenos cono el avance del sobrepeso y la obesidad y de otras enfermedades crónicas no transmisibles.

10. En nuestros documentos producidos por la Cuarta Conferencia Nacional, se encuentra un gran número de proposiciones que tienen como objetivo el perfeccionamiento de los programas y acciones, su monitoreo y control social. Destacamos que es preciso promover nuevas bases para un modelo de producción y consumo en Brasil, con fundamento en los principios de soberanía alimentaria, sustentabilidad, justicia social y climática y participación social, fortaleciendo el papel regulador del estado con relación a la adquisición de tierras por extranjeros, y el combate a los monopolios en el sistema agroalimentario.

11. Cabe avanzar inmediatamente: en concretar el derecho a la tierra; en los programas de Reforma Agraria, reconociendo la función social de la tierra, en las dimensiones del trabajo sociocultural, económica y ambiental, conforme a la Constitución; en la garantía de los derechos territoriales y patrimoniales, y en el acceso a la tierra y los recursos naturales para los pueblos indígenas, incluyendo a los aldeados (pueblos indios reducidos en reservas, aldeas, misiones, en tiempos de la Colonia), quilimbolas y demás pueblos y comunidades tradicionales, como condición primordial para la garantía de la soberanía alimentaria y la realización del derecho humano a una alimentación adecuada y saludable.

12. Importa estructurar y priorizar sistemas de producción sustentables y diversificados de alimentos saludables con el fortalecimiento de la autonomía de la agricultura familiar y campesina, de pueblos indígenas y otros pueblos y comunidades tradicionales, así como garantizar el acceso al agua en calidad y cantidad suficientes, reconociendo el papel estratégico de esas poblaciones en la conservación y uso sustentable de la agrobiodiversidad y como guardianes de nuestro patrimonio genético, y construir una Política y Plan Nacional de Agroecología.

13. Reconocemos el papel estratégico de las mujeres en la lucha por la garantía de la soberanía alimentaria y la conservación y el manejo sustentable de los recursos naturales. Es necesario asegurar su acceso a políticas públicas a fin de contribuir a la afirmación de su ciudadanía y de su autonomía política y económica.

14. Es urgente aplicar el principio de precaución, ratificado por el gobierno brasileño, y fortalecer el papel regulador del Estado, con una revisión de la Ley de Bioseguridad, en lo que se refiere a la producción y comercialización de productos y cultivos transgénicos; establecer el etiquetado obligatorio de todos los alimentos transgénicos, garantizando al consumidor el derecho a la información, y mantener la moratoria del gobierno brasileño al uso de la tecnología “terminator” (semillas estériles).

15. Es indispensable estructurar una política para reducir progresivamente el uso de agrotóxicos y prohibir inmediatamente el uso de aquellos que ya fueron prohibidos en otros países y que representan graves riesgos para la salud humana y el ambiente.

16. Reafirmamos el papel esencial y estratégico del Sistema Único de Salud para la consecución del derecho humano a la alimentación adecuada y saludable, con el fortalecimiento de la Política Nacional de Alimentación y Nutrición, mediante la universalización de acciones de alimentación y nutrición en los diferentes niveles de atención, considerando las necesidades alimentarias especiales y las especificidades étnicas y culturales, así como el alarmante crecimiento del sobrepeso, la obesidad y las enfermedades crónicas no transmisibles.

17. La política externa debe defender y respetar los principios del Derecho Humano a la Alimentación Adecuada y Saludable y la Soberanía Alimentaria en las relaciones internacionales, conforme al Artículo Cuarto de la Constitución.

18. Los delegados de la Cuarta Conferencia acogen el Primer Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, elaborado por la Caissan, como un instrumento de planeación, gestión y ejecución de la Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional y de la realización del Derecho Humano a la Alimentación Adecuada y Saludable. A partir del plan fueron elaboradas directrices para el monitoreo y la revisión periódica de sus objetivos, metas e iniciativas relativas a las políticas gubernamentales y las acciones de la sociedad.

19. Entre los desafíos del Plan, se destacan la necesidad de incorporar estrategias territoriales e intersectoriales y visiones articuladas a las demandas de las poblaciones, en la perspectiva de la universalización de los derechos, y con atención para las especificidades de los diversos grupos poblacionales en situación de vulnerabilidad y de inseguridad alimentaria y nutricional, respetando la diversidad social, cultural, étnico-racial, generacional y de la equidad de género. Para garantizar la efectividad del Plan, se deberán asegurar los recursos presupuestarios y financieros compatibles.

(...)

25. La alimentación adecuada y saludable, reconocida como derecho humano fundamental y universal para todos y todas y como una obligación de Estado;

26. La soberanía y seguridad alimentaria y nutricional como eje estratégico del desarrollo socioeconómico del país, con base en la erradicación del hambre, la miseria y las desigualdades sociales, regionales, étnico-raciales y de género;

27. La participación de la sociedad civil, garantizadas las condiciones para su efectiva realización, comprendida como el fundamento para el diálogo social, para la formulación, la ejecución, el monitoreo y el perfeccionamiento continuado de las políticas públicas de seguridad alimentarias y nutricional;

28. El fortalecimiento del papel regulador del Estado, que debe colocar la protección del derecho a la alimentación y a la soberanía alimentaria por encima de los intereses del mercado que violen estos principios;

29. La intersectorialidad en la concepción y gestión de las políticas públicas de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN), potenciando el alcance y efectividad de dichas políticas y permitiendo que se haga más y mejor en este campo; y,

30. El respeto y la garantía a los principios del etno-desarrollo como eje orientador de las políticas públicas de SAN, universales o específicas para los pueblos indígenas, población negra y pueblos y comunidades tradicionales, mediante políticas afirmativas de combate del racismo y de otras formas de discriminación. 31. Reafirmamos que el futuro de Brasil y del mundo depende de la profundización de la democracia participativa y redistributiva, para asegurar el derecho humano a una alimentación adecuada, y la soberanía y seguridad alimentaria y nutricional.

(Traducción: VSC).

Negociaciones climáticas en Durban:

Dos modelos agrícolas contrapuestos

FOTO: Oxfam

Raúl Benet
Desempleado especialista en temas de medio
ambiente, energía y cambio climático

El 2011 estuvo marcado por graves catástrofes climáticas, con devastadoras consecuencias para millones de campesinos y comunidades pobres de África, el sudeste asiático y otras regiones del planeta.

Cerca de 13 millones de personas fueron desplazadas y llevadas al límite del hambre y la pobreza por las sequías en el llamado Cuerno de África. Rusia y Ucrania también sufrieron incrementos de temperatura e incendios sin precedentes que tuvieron significativos impactos en la producción y el precio de alimentos, mientras extensas zonas de Afganistán quedaron cubiertas por el agua en inundaciones que provocaron inmensas pérdidas de cosechas y fuertes impactos en hogares y parcelas.

Los precios de los alimentos en Somalia, Kenia y Etiopía se incrementaron hasta 400 por ciento mientras que, según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el precio de los alimentos básicos durante los tres años pasados en todo el mundo llegó a un máximo histórico. En México, se decretó estado de emergencia en trece estados de la República por la pérdida de cosechas de maíz, frijol y otros granos, provocada por una sequía sin precedentes en 70 por ciento del territorio nacional, propiciando además un incremento considerable en el volumen de importación de granos básicos y en su precio.

En ese contexto, la 17 Conferencia de las Partes del Convenio Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático (COP 17), que tuvo lugar recientemente en Durban, Sudáfrica, puso a la agricultura en la mesa de las estrategias para la mitigación ante el cambio climático.

Estados Unidos, México y la Unión Europea, entre otros, plantearon la “oportunidad” de incluir a la agricultura dentro de la estructura de mecanismos de mercado tipo REDD (Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de los Suelos), de tal manera que las actividades agrícolas podrían estar inmersas en operaciones bursálites, bonos de carbono y fondos verdes que premiarían con recursos provenientes de países y corporaciones contaminadoras, a aquellas iniciativas que se sujetasen a un sistema de apertura a la inversión extranjera, la innovación tecnológica, el monitoreo y la evaluación orientados a reducir las emisiones del sector.

Algunas instituciones, como la FAO, han propuesto la “Agricultura energéticamente inteligente”, pues se buscaría la reducción de la dependencia de combustibles fósiles por parte de las actividades agrícolas. Si bien en principio esto parece razonable, varias organizaciones han manifestado su preocupación, e incluso rechazo a los llamados “mecanismos de mercado”, por considerar que ponen en riesgo la autonomía y viabilidad de los sistemas campesinos de pequeña escala, orientados principalmente a la producción de granos básicos, que, según organizaciones como la Vía Campesina, son los sistemas que mayoritariamente alimentan al mundo.

La propia Vía Campesina considera que incluir a la agricultura en el esquema de bonos de carbono es una estrategia para incrementar el control corporativo sobre la producción de alimentos. Por su parte, la coalición Climate Action Network (CAN), que agrupa a las grandes organizaciones ambientalistas, de desarrollo y de derechos humanos, como Greenpeace, Amesty International, Oxfam, etcétera, considera que la agricultura de pequeña escala (small farmers agriculture) es un componente fundamental para enfrentar el cambio climático y garantizar la seguridad alimentaria, y señala que es riesgoso incluir a la agricultura en un sistema de pago por captura de carbono; enfatiza la falta de certeza sobre la cuantificación de las emisiones y sobre el papel de las actividades agrícolas en la captura de carbono.

Sin embargo, CAN subraya la necesidad de respaldar la agricultura campesina de pequeña escala como una estrategia fundamental para lograr el objetivo de impedir que el cambio climático ponga en riesgo la seguridad alimentaria en el mundo. Considera que las políticas climáticas hacia el sector agrícola deberían proteger y promover la biodiversidad, el acceso equitativo a los recursos, la seguridad alimentaria, el derecho a la alimentación y los derechos de las comunidades locales e indígenas, priorizando el alivio de la pobreza y la adaptación ante el cambio climático.

Mientras tanto, en México se sigue profundizando un modelo de devastación de la agricultura campesina y su sustitución por la agroindustria depredadora y empobrecedora, como ejemplifica la aprobación de cambios de uso de suelo y el financiamiento público para el establecimiento de extensos proyectos tomateros en el territorio de San Luis Potosí. Estas plantaciones agroindustriales orientadas a los cash crops y no a la producción de alimentos básicos, junto con el otorgamiento de concesiones a la industria minera, están expulsando de sus tierras a miles de campesinos pobres de la región, y utilizando el agua y el suelo agrícola en modelos ajenos y contrapuestos a la agricultura campesina y a la seguridad alimentaria, precisamente en uno de los territorios de mayor riesgo ante el cambio climático, que son las zonas áridas del norte y centro de México.

Es urgente revisar los esquemas de fomento a las actividades agrícolas y su relación con la mitigación y adaptación al cambio climático; favorecer la agricultura de pequeña escala, y evitar que las actividades agroindustriales sigan devastando el ambiente y poniendo en riesgo la seguridad alimentaria en aras de un modelo supuestamente sustentable.