La Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión (CIRT) envió una carta al Instituto Federal Electoral (IFE) en la cual solicita que defina los alcances de la permisividad y las restricciones de los debates entre precandidatos durante las precampañas, con la finalidad de tener una elemental certeza jurídica, pues considera que las resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y las sanciones que ha aplicado el instituto generan incertidumbre entre sus afiliados.

Los fallos (del TEPJF) son inocultables y requerimos respuestas formales, no meras declaraciones, pues los cientos de investigaciones que están en curso y las sanciones que se han impuesto claramente son un atentado a la libertad de expresión, agregan los concesionarios.

En respuesta, los consejeros Marco Antonio Baños y Alfredo Figueroa sostuvieron que el instituto debe atender la petición. El IFE deberá dar respuesta, porque es obligación de la autoridad electoral para dar garantías y certeza jurídica a los actores.

Baños consideró que los concesionarios tienen razón; el IFE debe emitir lineamientos claros y contundentes en una sesión de Consejo General. Sería ilógico que un documento enviado por una organización tan importante, que está involucrada en el proceso electoral y agrupa a los medios de comunicación, no sea contestado por el IFE.

A su vez, el consejero Lorenzo Córdova sostuvo que el tema se ha enrarecido por falta de comprensión. Destacó la importancia de los debates para consolidar la democracia, con la única restricción de que no se celebren en tiempos comprados en radio y televisión con fines de propaganda política.

Ninguna norma ni alguna sentencia del TEPJF, si se leen con cuidado, prohíben su realización, sostuvo.

En contraste con las exigencias de los concesionarios, un oficio remitido por el secretario ejecutivo del IFE, Edmundo Jacobo Molina, al presidente de la CIRT, Tristán Canales, con fecha 16 de enero, señala que desde el 15 de septiembre pasado el instituto convocó a esa cámara y sus agremiados a que entregaran sus posturas sobre el proyecto de Sugerencias de lineamientos generales aplicables a los noticieros de radio y televisión.

Más adelante, el funcionario indica –cuatro meses después de que envió el documento y ante la indiferencia de la CIRT– que es importante contar con su valiosa respuesta, así como la posibilidad de establecer una fecha para, como indica la ley electoral, formalizar los acuerdos.

Así, mientras la CIRT exige respuestas, desdeña las consultas que propone el IFE.

En la carta que la CIRT envió al IFE, los concesionarios formulan ocho preguntas después de describir la incertidumbre jurídica en que los ha dejado el TEPJF, que en una resolución indicó que los debates no están amparados en la libertad de expresión ni en la libertad periodística.

La CIRT pregunta: si los debates están amparados en la actividad periodística; si cuando se transmite un debate íntegramente se suspende la transmisión de los espots de los partidos; si los debates pueden ser organizados por partidos y/o autoridades electorales; cuáles son los formatos permitidos; si existe un límite al número de debates que se podrían transmitir; si se debe invitar a todos los precandidatos; qué pasa con los precandidatos únicos y si se pueden transmitir debates en el periodo de intercampañas.