Madrid, 19 de enero. El juez de la Audiencia Nacional de España, Baltazar Garzón, reivindicó hoy su derecho a la inocencia al concluir en el Tribunal Supremo un juicio en su contra, acusado de haber violado garantías constitucionales de presuntos responsables de un caso de corrupción político-empresarial y de sus abogados, tras haber ordenado la grabación de sus conversaciones telefónicas cuando estaban en prisión preventiva.

Asumo todas y cada una de las decisiones. Fueron tomadas reflexivamente en cumplimiento de la más estricta legalidad, afirmó Garzón en la tercera sesión del juicio, en el cual afirmó en varias ocasiones que la intervención telefónica se realizó en 2009 para impedir que continuara el lavado de dinero en beneficio de empresarios y políticos del Partido Popular (PP que volvió al poder el año pasado, tras vencer a los socialistas en las elecciones de noviembre).

Garzón ordenó hace tres años el ingreso en prisión del empresario Francisco Correa (Gürtel, en alemán) por ser el presunto jefe del grupo de empresarios y políticos que lucraban con contratos de gobiernos provinciales gobernados por el PP.

En ningún momento se lesionó el derecho de defensa, aseguró el magistrado, quien sospechaba que los abogados realizaban el blanqueo de capitales, mientras sus clientes estaban encarcelados.

El juez Baltasar Garzón al llegar al Tribunal Supremo de España donde ayer concluyó el juicio que enfrenta acusado de violar garantías constitucionalesFoto Reuters

Garzón, quien ha estado cautelarmente suspendido de su cargo desde mayo de 2010, explicó haber autorizado la grabación de las conversaciones porque existían indicios de que los acusados y sus abogados estaban coludidos en el lavado de 20 millones de euros, producto de una serie de sobornos, depositados en paraísos fiscales.

Los abogados presentaron una queja contra Garzón por considerar que la intervención telefónica violó el derecho a la privacidad y tenía el objetivo de descubrir la estrategia legal de la defensa.

En círculos judiciales se prevé que el Tribunal Supremo dé a conocer su sentencia en los próximos días. En caso de ser condenado, Garzón se enfrentará a una inhabiltación de entre 10 y 17 años, lo que implicaría su expulsión de la carrera judicial.

El martes próximo, Garzón vserá sometido a otro juicio, acusado de prevaricación (haber dictado una resolución supuestamente injusta), cuando se declaró competente para investigar crímenes cometidos por franquistas durante la guerra civil española (1936-1939) y la dictadura que le siguió hasta 1975.