Las investigaciones sobre una red de tráfico de menores en Tonalá, Jalisco, se extendió al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) estatal de Colima, que es la única instancia en la entidad para adoptar niños, donde presuntamente se iniciaron trámites para al menos 10. La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) comenzó indagatorias después de que autoridades de Jalisco informaron oficialmente sobre el asunto, y para ello enviaron a Colima un grupo especial con un agente del Ministerio Público de ese estado. Mientras, el despacho de Carlos López Valenzuela, quien presuntamente hacía trámites para la red de adopciones ilegales descubierta el pasado 8 de enero, fue cateado ayer por la PGJE jalisciense, así como otros dos sitios en Guadalajara que no han sido revelados.