Es urgente que se nombre al nuevo comisionado del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Ifai), señaló la presidenta de ese organismo, Jacqueline Peschard.

Subrayó que la propuesta que provenga del presidente Felipe Calderón debe ser la de una persona que tenga claramente márgenes de autonomía respecto del gobierno federal y probidad para ejercer sus funciones en materia de transparencia.

En entrevista al término de la sesión plenaria de ese instituto, Peschard destacó que se ha acercado al Ejecutivo federal para que haga uso de su atribución de nombrar a quien sustituirá a María Marván, recién electa consejera del Instituto Federal Electoral.

Sobre la urgencia de que se haga dicho nombramiento, dijo que responde a la carga de trabajo en ese órgano de transparencia, de suyo fuerte, y que se acentuará por las nuevas atribuciones del Ifai de proteger los datos personales y garantizar la transparencia del quehacer gubernamental.

Hay que considerar –dijo Peschard– que la propuesta del Ejecutivo federal aún debe ser avalada u objetada por el Senado, procedimiento para el que deben transcurrir 30 días hábiles y, de no avalarse, se atrasa la posibilidad de incorporación del nuevo comisionado.

De la persona idónea para el cargo, refirió que por la naturaleza de la autonomía del Ifai, es importante que sea un académico o un servidor público autónomo, pero de trayectoria importante.

Hasta ahora se ha mencionado como posible sucesor de Marván, entre otros, a Benjamín Hill, titular de la Unidad de Evaluación de la Secretaría de Hacienda y esposo de la vocera del gobierno federal, Alejandra Sota, cercana a Calderón. También se alude a académicos del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), como Mauricio Merino o Sergio López Ayón, quienes han realizado investigaciones para el Ifai.

Peschard habló también de las cortapisas impuestas en Puebla al acceso a la información y documentación probatoria del ejercicio del gasto público, de la operación recaudatoria y de resoluciones de carácter fiscal, tras la aprobación de reformas a los artículos 73 y 76 de la Ley de Ingresos 2012 de la entidad.

Señaló que los miembros de la Conferencia Mexicana de Acceso a la Información Pública, el Ifai y los 32 órganos de transparencia en el país, continuarán diversas acciones para evitar que se limite el acceso a la información.

El hecho de que se cobren 80 pesos por copia certificada de algún documento que se pida, además de que el solicitante deba identificarse para acceder a ella, contraviene diversas fracciones de la Ley Federal de Transparencia y se obstaculiza el acceso a ese derecho humano de tercera generación.

Sobre la propuesta del Partido Nueva Alianza de que las resoluciones del pleno del Ifai no se litiguen en tribunales, dijo que, como garantiza la ley en la materia, las instrucciones de ese instituto son inatacables y deben ser cumplidas por las más de 270 dependencias federales. Aclaró que el ciudadano es el único que puede impugnar en tribunales una resolución del instituto.