El Instituto Federal Electoral (IFE) impuso multas de 3.3 y 2.5 millones de pesos al Partido del Trabajo (PT) y Movimiento Ciudadano (MC) por convocar a la población a sumarse a Andrés Manuel López Obrador y al Movimiento Regeneración Nacional (Morena), al considerar que se trata de actos anticipados de campaña. En tanto, tras prolongado debate sobre la vestimenta del boxeador Juan Manuel Márquez, se acordó amonestarlo por portar un logotipo del PRI, pero se exoneró de responsabilidad a ese partido y a Televisión Azteca, que difundió la pelea que el púgil mexicano sostuvo con el filipino Manny Pacquiao.

El debate duró más de siete horas y se centró en los alcances de la libertad de expresión de las partes acusadas. Los promocionales de los dos partidos de izquierda fueron sancionados porque se violentó la equidad de la contienda posicionando indebidamente a un candidato. El tema no quedó ahí: se ordenó a la secretaría ejecutiva indagar la posible responsabilidad de Morena en los hechos, agrupación que no estuvo presente en las diligencias.

Acto seguido, se discutió durante cuatro horas acerca de si el logogotipo del PRI que portó Márquez en el calzoncillo era un ejercicio de libertad de expresión o una violación al modelo de comunicación política. Se consideró que el PRI se había deslindado públicamente del anuncio, que a Televisión Azteca no se le comprobó responsabilidad por venta ilegal de espacios y todo se redujo a una amonestación al boxeador por difundir propaganda política en forma irregular.

Al debatir sobre los 65 mil 441 espots (37 mil 567 de PT y 27 mil 874 de MC) –donde se llamaba a sumarse a López Obrador y Morena– difundidos por ambos partidos, la consejera Macarita Elizondo sostuvo que esos mensajes implican una presentación y posicionamiento de este ciudadano fuera de los plazos previstos constitucional y legalmente, lo cual genera una afectación irreparable al principio de equidad.

Marco Antonio Baños sostuvo que no es la primera vez que el PT incurre en violaciones, ya que ha utilizado los tiempos del Estado para promociones de ese tipo, por lo que se podría hablar de reincidencia.

El consejero Benito Nacif dijo que una vez iniciadas las precampañas cambia el carácter de la permisividad respecto de las alusiones a los aspirantes presidenciales. Si un ciudadano ha expresado públicamente su intención de contender por la candidatura y después por un cargo de elección popular, su situación jurídica y sus obligaciones se modifican, al igual que la de los partidos, por eso se pueden considerar actos anticipados de campaña.

A pesar de las inconformidades de los representantes de PRD, PT y MC ante el IFE, que argumentaron que la determinación que adoptarían los consejeros era contraria a la libertad de expresión, éstos procedieron a imponer las multas. Los montos fueron propuestos por Alfredo Figueroa, quien apeló a precedentes y disposiciones legales para calcular la cantidad.

Luego se abordó el caso de la pelea de box de Juan Manuel Márquez, realizada la víspera de las elecciones de gobernador en Michoacán. Yo francamente nunca imaginé que este Consejo General iba a estar discutiendo de los calzoncillos de un deportista, pero, bueno, hoy estamos aquí, en este maniqueísmo clásico del PAN, lamentó el priísta Sebastián Lerdo de Tejada.

El representante del PAN, Guillermo Bustamante, pidió a los consejeros sancionar al PRI por difundir propaganda en medios electrónicos, a la televisora por la existencia de un contrato con la empresa que organizó el evento y al propio boxeador.

La ironía del priísta no inhibió la vehemencia y la extensión del debate.

No podemos llegar a la ridiculez de determinar cómo se puede o no vestir una persona; lo cierto es que ésta, además de ser persona física es un deportista profesional y como tal, es y se sabe un producto comercial, argumentó la consejera María Marván.

Si el proyecto de la secretaría ejecutiva exoneraba a todos los actores acusados por el PAN, el rumbo que tomó el debate permitió concluir que el caso del boxeador Márquez se trató de una conducta irregular, a pesar de que no hay elementos para concluir que haya habido contrato de por medio.