mpiezan a aparecer las primeras estimaciones sobre los posibles resultados económicos obtenidos en el último trimestre de 2011, confirmando que un escenario recesivo es cada vez más factible. Para la economía mexicana, las estimaciones de la ONU y del Banco Mundial prevén un crecimiento de entre 2.8 y 3.2, lo que indudablemente está lejos de lo que requiere el país. Optimistamente el Banco de México ha indicado que en sus estimaciones el producto crecerá entre 3.5 y 4 por ciento, medio punto porcentual menos que en su estimación anterior, y advirtió que el aumento de la producción no logrará los empleos necesarios para satisfacer la demanda de los nuevos integrantes del mercado de trabajo, y menos aún será suficiente para superar el rezago que es de más de 50 por ciento de la PEA.
El gobierno, fiel a sus convicciones, mantendrá que no hay desbalances en el ámbito externo financiero
, lo que quiere decir que, para ellos, la política económica persistirá en mantener bajo control las finanzas públicas. No se ocuparán de combatir los impactos que provienen de la recesión esperada en Europa, ni tampoco atenderán la probable reducción de los envíos de remesas de nuestros migrantes en Estados Unidos, dada la disminución de sus actividades industriales.
El Banco de México, por su parte, cumpliendo con lo que le mandata su ley orgánica, sólo se ocupará de cuidar que la inflación se mantenga en los niveles que sus funcionarios han establecido. Para ello mantendrán la tasa de referencia en cotas que les resulten adecuadas al cumplimiento de su meta de inflación. Así, pese a tener una inflación comparable con la de nuestros socios comerciales y con países europeos, se mantendrá una tasa de interés varios puntos por encima de estos parámetros comparativos. Naturalmente esto tendrá efectos desestimulantes sobre la actividad económica y afectará también al gasto de los hogares.
De modo que frente a las previsiones que advierten que las tasas de crecimiento de naciones desarrolladas y en desarrollo podrán caer tanto o más que en 2008 y 2009
, el gobierno responderá, como en 2009, no haciendo nada. Habrá, por supuesto, declaraciones que anuncien programas e inversiones que, como la inauguración de la esperada refinería, no llegarán. Se seguirá hablando de la disciplina fiscal y de los buenos números de las finanzas públicas, del bajo nivel del endeudamiento público, de no haber sucumbido, como otros gobiernos, al canto de las sirenas que pedían usar el gasto público para contrarrestar los impactos recesivos, de la llegada de capitales extranjeros que confían en la fortaleza de la economía nacional.
Lo que no se dirá es lo que están padeciendo quienes reciben remesas con menos dólares o, peor aún, quienes ya no las reciben. Tampoco lo que le sucede a quienes están ocupados en el sector informal, o aquellos que a pesar de estar en el sector formal no tienen contrato de trabajo, carecen de las prestaciones que establece la ley y, en consecuencia, no cuentan con servicio médico ni podrán jubilarse. Continuará el vía crucis de pequeños empresarios para obtener créditos indispensables para mantener funcionando sus empresas. Las dificultades de quienes producen en el campo, que desde hace tiempo ya no aguantan más.
Esta política tiene que cambiar. El modelo económico que instrumentaron los últimos gobiernos priístas, y han mantenido funcionando los panistas, ha mostrado su incapacidad para lograr los objetivos que pretendía. Esto urge reconocerlo. El reciente informe de la ONU reclama la urgencia de estímulos fiscales coordinados internacionalmente, como los acordados por el G-20 en su reunión en Washington de octubre de 2008, con el fin de crear más empleos.
Pese a este llamado, lo que priva en el mundo y en México es la decisión de los gobernantes de poner en el centro la reducción del déficit fiscal. En el caso europeo la justificación es el problema de la deuda soberana, pero en el nuestro no existen razones de peso para priorizar a las finanzas, despreocupándose de la gente. Una política fiscal contracíclica es indispensable en México. Es claro que no la aplicará el gobierno de Calderón. La pregunta es: ¿la aplicaría el ganador de la elección de 2012?
