Después de un año de que se promulgó la Ley de Ayuda Alimentaria para los Trabajadores, ninguna empresa se ha inscrito en este ordenamiento ni cumple con estos apoyos para sus empleados y, lo que es peor, un legislador del PAN ya presentó un proyecto de reforma para que se derogue la misma.

Fernando Salgado, secretario de acción política de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), indicó que dicha ley es sumamente necesaria, porque 73 por ciento de los asalariados formales del país –cerca de 10 millones–, ganan entre 62 y 187 pesos diarios.

Es decir, casi una cuarta parte perciben entre uno y tres salarios mínimos y no les alcanza para tener una buena alimentación –ni ellos ni sus familias–, e incluso sólo el transporte a sus trabajos y su comida diaria representan 25 por ciento de lo que ganan.

Refirió que la citada ley implica que las empresas podrán establecer esquemas de ayuda alimentaria para sus empleados mediante diferentes modalidades, como proporcionar en los centros de trabajo las comidas, por medio de comedores, restaurantes u otros establecimientos, y entregarles vales para ello, o bien, mediante la entrega de despensas. No obstante –dijo–, esta ley ha quedado en el papel, ninguna empresa la ha adoptado, y parte ello se debe a que la misma autoridad no ha resuelto lo referente a los apoyos fiscales y la tiene en el olvido.

En estos momentos sería sumamente necesario hacer cumplir esta ley, cuando la tortilla se incrementó 17 por ciento en un mes; todos los productos básicos se encarecieron y alimentos como la carne ya son lejanos para las mesas de los trabajadores, además de que el salario mínimo representa una cuarta parte de un kilo de tortilla, sostuvo Salgado.

También argumentó que es una realidad que los trabajadores mexicanos están mal alimentados, debido a que por su situación económica consumen comida barata en la calle rumbo a sus centros de labor o a sus domicilios, recorren grandes distancias y no están alimentándose en condiciones saludables, lo que sucede sobre todo con las mujeres trabajadoras.

El cetemista expuso que no se debe preguntar cuánto va a costar la aplicación de la ley, sino en qué medida va a mejorar la producción de los empleados y cuánto se va a ahorrar en el gasto en salud.