Chilpancingo, Gro., 16 de enero. Al menos 15 ex policías estatales involucrados en la matanza de 17 campesinos en el vado de Aguas Blancas, municipio de Coyuca de Benítez, el 28 de junio de 1995, se plantaron frente a Casa Guerrero –residencia oficial del gobernador Ángel Aguirre Rivero– para denunciar que pese a haber sido absueltos del caso, en el anterior gobierno estatal, encabezado por Zeferino Torreblanca, fueron destituidos y nunca nos dijeron la razón, por lo que exigieron ser indemnizados conforme a la ley. Aseguraron que Aguirre Rivero se comprometió a pagar los más de 9 millones de pesos correspondientes al monto global de su liquidación, y queremos que cumpla su palabra, dijo Juan Manuel Morales, abogado de los ex agentes. Recordó que sus clientes estuvieron recluidos en el penal de Acapulco durante 3 años 8 meses. La sala penal los declaró culpables, pero se fueron al recurso de amparo directo y el tribunal colegiado determinó que eran inocentes a partir de que se les hizo la prueba de radizonato de sodio, demostrando que nunca dispararon sus armas; desde entonces, los gobiernos en turno les habían cubierto sus salarios sin ningún problema. Francisco Sandoval, quien fungió como inspector regional de la policía de Guerrero en la Costa Grande, manifestó que ingresó a la corporación en 1971. Son más de 40 años; todos los gobiernos nos reconocieron, pero cuando llegó Zeferino nos dio de baja de manera definitiva y nunca nos dijo la razón, concluyó.