Se requieren políticas que mejoren empleo y salarios, advierten
En la informalidad, 26 millones de la población económicamente activa: UNAM
Domingo 15 de enero de 2012, p. 38
Los programas de desarrollo social en el país no han podido abatir la pobreza debido a que operan como paliativos de situaciones coyunturales y no están diseñados para atender los problemas estructurales, señalaron representantes de organizaciones civiles.
A propósito del informe del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), sobre los resultados en ese rubro durante 2011, Ximena Maroto, coordinadora del Observatorio de Política Social y Derechos Humanos, señaló que el primer paso para reducir la pobreza es empujar políticas que mejoren el empleo, las condiciones laborales y los salarios de las personas, para dejar de depender de los subsidios gubernamentales.
“Creemos que los programas sociales son el último eslabón de la política social. Se tienen que hacer muchas cosas antes de aventar programas sociales que ni sabemos por qué se crean”, dijo.
Agregó que debe haber orden y diagnósticos serios que lleven a la formulación de programas sociales que realmente puedan mejorar la situación de la pobreza en México.
Puso como ejemplo el derecho a la alimentación, para lo cual –dijo– debería haber un plan nacional. Recordó que de acuerdo con el propio Coneval, cerca de 20 por ciento de la población económicamente activa en México no alcanza a comprar la canasta básica alimentaria, ni destinando todo su ingreso
.
Valeria Escorza, de Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, AC, indicó que muchos de los programas sociales están construidos para hacer labores de mitigación, no para resolver el problema de fondo
, y la falta de continuidad en los mismos impide tener indicadores de impacto real.
En tanto, la académica Berenice Ramírez López, del Instituto de Investigaciones Económicas, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), señaló que de los 44 millones de personas que conforman la población económicamente activa, poco más de 26 millones laboran en la informalidad y sin seguridad social.
De esta última cifra –precisó–, la mitad está compuesta por profesionistas que laboran por cuenta propia o con contratos por honorarios, pero que tampoco cuentan con ninguna prestación.
Advirtió que en los años próximos tendremos viejos pobres sin pensiones ni seguridad social, donde el Estado, para evitar confrontaciones políticas, tendrá que gastar para darles algo, que provendrá de impuestos generales
, por lo que lamó a crear una política social integral, en vez de programitas
que mantienen la disparidad salarial.