San Cristóbal de Las Casas, Chis., 14 de enero. Las familias de indígenas desplazados de los ejidos Busiljá y Cintalapa, Ocosingo, que mantuvieron un plantón durante 30 días en la plaza central de esta ciudad, exigiendo la libertad de sus compañeros Elías Sánchez Gómez y Amílcar Méndez Núñez, presos en Playas de Catazajá, y la presentación con vida de la menor Gabriela Sánchez Morales, levantaron su protesta sin obtener ninguna solución.

Además, todos han sido despojados de sus viviendas y tierras. También revelaron que el gobierno estuvo maniobrando para dar toda la protección a los paramilitares priístas que los agredieron y expulsaron.

Los indígenas del Frente de Ejidos Genaro Vázquez Rojas, adherentes de la otra campaña, señalaron el carácter paramilitar del gobierno de Juan Sabines Guerrero, que se ocupó desde las diferentes dependencias de encubrir las acciones del grupo que encabezan Herlindo López Pérez, Lorenzo Pérez Gutiérrez y Manuel Pérez Vázquez, quienes pretenden quedarse con nuestras tierras; son los responsables de la masacre en el ejido Viejo Velasco, en 2006, y los que arrebataron las tierras de las bases zapatistas de la comunidad 6 de Octubre, del municipio autónomo Ricardo Flores Magón.

Denunciaron que quienes abonaron protección y blindaje para los paramilitares fueron los ministerios públicos (MP) de Ocosingo y Palenque, el Consejo Estatal de Derechos Humanos (CEDH), la Secretaría General de Gobierno y las autoridades de Ocosingo.

Relataron sucesos que no se habían hecho públicos. El 29 de diciembre acudieron a Palenque el procurador de Chiapas, Raciel López Salazar, y el subprocurador Néstor Escobar Roque; citaron a los paramilitares de Busiljá y Cintalapa y les informaron que estamos en plantón exigiendo castigo para ellos.

Los funcionarios habrían dicho que el gobierno no iba a detenerlos porque sabe que es mentira lo que (los desplazados) están diciendo. Les propusieron declarar ante el MP, los de Cintalapa por averiguación previa 770, y los de Busiljá por el acta administrativa 326 sobre el secuestro de la niña Gabriela, de ocho años. Cinco de Cintalapa aprovecharon para declarar sobre los cargos de violación, despojo, secuestro, extorsión, tortura y fabricación de delitos. A los de Busiljá, el procurador les preguntó sobre la secuestrada, y el comisariado negó que la tuvieran en su poder. Si es así, ahí ustedes véanlo, entonces es mentira lo que están diciendo, habría dicho el procurador.

El mismo día 29, 10 elementos del Ejército ingresaron a las parcelas de los desplazados e interrogaron a las mujeres que estaban ahí. El día 30, enviados del CEDH –acompañados por dos policías– llegaron directamente a la casa del paramilitar Benjamín Gómez Sánchez, donde la menor secuestrada ha sido vista, pero por supuesto no estaba ahí. Luego se reunieron con las autoridades del ejido. Los funcionarios sugirieron que los involucrados en el plagio de la niña se vayan de la comunidad. Al retirarse, se aproximaron a la casa de Nicolás Sánchez Gómez, compañero de los desplazados, con el pretexto de comprar plátanos, y fotografiaron a sus hijas.

El 3 de enero fueron citados en Palenque 15 paramilitares de Cintalapa, traídos en camionetas de la policía, para ratificar lo que antes declararon a los procuradores: que ellos no han cometido delitos. Sabemos que hubo un acuerdo antes entre los procuradores, MP y paramilitares, sostienen los desplazados.

El 8 de enero, comisionados de la Secretaría de Gobierno y policías estatales se reunieron en Cintalapa con los priístas. El gobierno les dijo que no tengan miedo por las demandas que están haciendo los desplazados en plantón. Así, a pesar de las diligencias, ningún paramilitar fue detenido.

En tanto, indígenas presos en el penal 17 de Playas de Catazajá se declararon en huelga de hambre demandando la destitución del director. En una breve declaración, afirmaron que el funcionario viola sus derechos; además manda custodios a que la revisión de las visitas sea drástica: a las mujeres les bajan sus pantaletas y las celadoras les tocan sus partes. Días atrás, un grupo de internos maras salvatruchas golpearon a tres reclusos y se mantienen amenazantes. Los inconformes demandan la presencia del subsecretario para dialogar y llegar a acuerdos, y esperamos que no haya represalia, porque siempre nos amenazan con que seremos trasladados a diferentes penales.