El anteproyecto de reglamento de la Ley de Migración, elaborado en la Secretaría de Gobernación, no incluye mecanismos para facilitar el tránsito de quienes pretenden llegar a Estados Unidos, pero en cambio sí prevé diversos requisitos para obtener una visa de visitante, mismos que el grueso de los migrantes no podría cumplir.

En agosto pasado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sugirió a la administración calderonista que ante el clima de violencia e inseguridad que prevalece en México expidiera permisos temporales para que los migrantes puedan avanzar en su viaje al norte sin convertirse en blanco de criminales, policías y de funcionarios corruptos.

Sin embargo, de acuerdo con el contenido de la versión preliminar del anteproyecto de reglamento, el planteamiento de la CIDH no se recoge.

En una parte del documento se indica, por ejemplo, que la visa de visitante sin permiso para realizar actividades remuneradas se expedirá a los extranjeros que deseen permanecer hasta 180 días naturales en México, aunque para obtener este permiso, el solicitante deberá cumplir con tres requisitos: demostrar que regresará a su país de origen; comprobar solvencia económica suficiente para cubrir gastos de alojamiento y manutención durante su estancia en territorio nacional o poseer una carta de una organización o de una institución pública o privada que invite al extranjero.

Para el caso de la visa de visitante con permiso de realizar actividades lucrativas, el migrante debe tener una oferta de empleo o comprobar actividades personales, previa la inscripción al Registro Federal de Contribuyentes; además, documentos que acrediten las disposiciones legales aplicables, la capacidad profesional o técnica para realizar la actividad profesional, ocupación u oficio a que se refiere la oferta de empleo, así como la constancia de inscripción del empleador, emitida por el Instituto Nacional de Migración (INM).

Entre los aspectos novedosos se incluyen beneficios como la posibilidad de que un extranjero repatriado solicite nuevamente su ingreso a México y acota, por mencionar un aspecto, la disposición de que la Policía Federal sólo actúe a solicitud expresa del INM.

Contiene también un marco de atención a menores no acompañados y otros sectores en situación vulnerable; protección para los extranjeros víctimas del delito y visas humanitarias, incluso para residir aquí de manera permanente, así como un marco de selección y profesionalización de los agentes migratorios.

Organismos civiles dedicados a la investigación sobre este fenómeno y defensores de derechos humanos advirtieron que el texto es muy general y no salvaguarda los derechos de las personas migrantes. El anteproyecto contiene 198 artículos y la versión inicial fue concluida el 16 de diciembre de 2011; en esa fecha también fueron redactadas enmiendas a la Ley General de Población.

En los primeros días de este año el texto empezó a distribuirse a agrupaciones civiles y académicas para su análisis, por lo que de inmediato los integrantes del grupo de trabajo sobre política migratoria manifestaron su rechazo tanto a los mecanismos de elaboración como al contenido.

Afirman que no se garantiza el acceso a la justicia y el derecho al debido proceso de los migrantes. Por ello exigen que sea modificado antes de que Gobernación lo envíe a revisión administrativa, paso previo de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

El anteproyecto de reglamento hace que prevalezcan las condiciones actuales en las que se da la migración, concluyeron. Otros críticos afirman que favorece la discrecionalidad de las autoridades, porque no establece procedimientos claros para el acceso al país.