Las condiciones en que viven 231 mil 510 presos en 407 cárceles estatales y municipales del país necesita atenderse de manera urgente, de lo contrario, lo ocurrido en centros de reclusión como el de Altamira, en Tamaulipas, donde grupos de internos se asesinan entre sí, podría repetirse, no sólo por rivalidad de organizaciones, sino por el hacinamiento y la corrupción en las cárceles, afirmó José Luis Prado Maillard, director de la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León.

En entrevista con La Jornada, el especialista señaló que las autoridades federales reportan una sobrepoblación carcelaria de más de 45 mil presos, y se han identificado 211 centros de reclusión como los de mayor problemática por esa condición, lo que coloca al sistema penitenciario nacional a punto de estallar.

Es más que evidente que la sobrepoblación ha rebasado todos los estándares internacionales y que los internos viven una situación desastrosa. De inmediato se deben buscar fórmulas para despresurizar las cárceles, y en los casos de aquellos que han cometido delitos menores, se deben buscar formas para que purguen sus condenas con servicios a la sociedad.

Maillard señaló que las pésimas condiciones de los internos obligan a los estados a invertir en el mejoramiento de las instalaciones, y a la creación de verdaderos programas de reinserción social que brinden otra oportunidad a quienes han delinquido.

Pero a todo esto se suma otro problema, la falta de sentencia para más de cien mil presos, y ello tiene que ver con fallas del sistema de justicia, porque pese a que se han hecho reformas para mejorarlo y que pretende dar celeridad a los procesos, los órganos encargados de impartir justicia han sido rebasados, señaló.