a grosera concentración de medios electrónicos, especialmente por el duopolio televisivo, ha sido uno de los mayores obstáculos en nuestro país no solamente para la competencia económica, sino también para el debate democrático. Las dimensiones de este lastre pueden ser mucho peores si se concreta en las semanas por venir la alianza entre Iusacell (propiedad de Salinas Pliego y Tv Azteca) y Televisa, con lo cual veríamos la mayor concentración de recursos comunicacionales como nunca en la historia.

La posible fusión entre las televisoras se encuentra en la mesa de la Comisión Federal de Competencia (CFC) para ser resuelta por el pleno, con poca atención pública, pero sí con gran presión de ambas televisoras, que no sólo han impedido que el Congreso de la Unión reforme el obsoleto régimen jurídico de la radiodifusión y las telecomunicaciones, sino además violan permanentemente diversos ordenamientos legales en la materia.

De aprobarse esa asociación se conformaría un monopolio que repercutiría en los mercados televisivo y celular, en el publicitario y de provisión de señales de televisión restringida, entre otros, además del consabido poder político e influencia crecientes que tendrían.

La CFC debería prohibir la concentración de ambas empresas por una serie de factores y prácticas anticompetitivas de conocimiento público, como que Televisa y Tv Azteca participan del mismo mercado de la televisión abierta, en el cual deberían ser competidores y no socios; concentran 94 por ciento de la televisión abierta; 51 por ciento de todos los canales espejo de televisión digital; 94.4 por ciento de la audiencia; 58 por ciento del total de la inversión publicitaria y cada año reciben 30 por ciento del gasto de publicidad oficial. En el caso de la primera, absorbe 50 por ciento de la televisión de paga y se adjudicó dos hilos de fibra óptica de la Comisión Federal de Electricidad a un precio bastante módico, con una infraestructura de poco más de 20 mil kilómetros para dotar de servicios de banda ancha, que vale decir se hizo con recursos públicos provenientes del pago de nuestros impuestos.

Esto sin contar con la reciente aprobación que la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) hizo para que las televisoras puedan realizar la llamada multiprogramación, con lo cual pueden multiplicar sus señales actuales hasta por seis, con lo cual centralizarán 77.77 por ciento de la televisión digital terrestre.

A este ya de suyo obsceno acaparamiento en la radiodifusión, con la unión Iusacell-Televisa tendrían el espectro asignado para telefonía móvil. Todo ese espectro y redes públicas de telecomunicaciones se sumarían a ambas empresas, que además son las principales productoras de contenidos audiovisuales mediante otras industrias, como la radiofónica, discográfica-musical, editorial, cinematográfica, publicitaria y de entretenimiento, por lo cual los mismos contenidos que hoy se transmiten a través de sus pantallas, así como de las señales codificadas de televisión por cable, satelital y fibra óptica, serían difundidos mediante dispositivos móviles.

Las normas en contra de la concentración deben estar basadas tanto en la cantidad de servicios de comunicación que puedan acumularse por titularidad directa como en la incidencia de los mercados en que actúan e influyen. Para justificar esta fusión trascendió que el estudio encargado por la Cofetel a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que se iba a presentar públicamente el 15 de enero y se difirió para el día 25, considera procedente la alianza Televisa-Iusacell, ya que añadirá a un fuerte competidor de servicios convergentes en el sector de las telecomunicaciones; de esta manera se allana el camino para su aprobación, aunque el estudio es contradictorio, pues también reconoce la enorme concentración en los mercados de la televisión abierta y la televisón por cable en México. En un proceso convergente como el actual entre la radiodifusión y las telecomunicaciones, este elemento debe ser sustancial para no considerar procedente dicha alianza.

La fusión es una amenaza a la política de competencia. Viola el artículo 28 constitucional, que prohíbe los monopolios y transgrede flagrantemente la Ley Federal de Competencia Económica, recientemente reformada para fortalecer al organismo regulador. Tampoco beneficia a los usuarios de servicios de telecomunicaciones, no traerá inversiones nuevas al sector y tornaría más complejo fracturar el de por sí entorno anticompetitivo que existe en la radiodifusión.

En ningún país del mundo se ha visto que las dos únicas empresas que compiten en el mercado de la televisión abierta se coludan para obstaculizar la entrada de nuevos competidores. La CFC, presidida por Eduardo Pérez Mota, debe rechazar la concentración de Televisa-Iusacell y pronunciarse en favor de un sistema de medios de comunicación pro competitivo, plural, diverso y democrático.