l viernes pasado la agencia Standard & Poor’s (S&P) rebajó la calificación de la deuda de nueve gobiernos integrantes de la Unión Europea (UE), en algunos casos a niveles considerados humillantes, como el de Portugal, cuyos bonos públicos fueron colocados en la categoría basura. La firma financiera dio cumplimiento así a la amenaza formulada el 5 de diciembre del año recién pasado en el sentido de revisar las clasificaciones crediticias de las principales economías europeas con una perspectiva negativa.

Diversas autoridades de la eurozona han buscado minimizar el hecho, como las francesas: el ministro de Economía, François Fillon, dijo que la rebaja era una medida anunciada y que “hay 21 escalones en la calificación de deuda, y Francia –que fue bajada por S&P del exclusivo estatuto AAA a AA+ – está ahora en el vigésimo sobre 21; seguimos, por tanto, entre los mejores del mundo, junto a Estados Unidos”. En Alemania –único país del euro cuya calificación crediticia no fue degradada–, la canciller Angela Merkel se abstuvo de criticar la decisión de S&P y aprovechó la circunstancia para presionar por la aprobación de nuevos paquetes económicos de choque y disciplina fiscal en Europa.

Si bien es cierto que en un primer momento los mercados reaccionaron poco, como lo afirmó Fillon, la rebaja en la calificación de la deuda tendrá, necesariamente, efectos devastadores para la UE y, en particular, para los países de la zona euro, pues los gobiernos deberán pagar mayores tasas de interés para los créditos que contraten y para las nuevas emisiones de deuda pública, lo que llevará a un incremento generalizado de los intereses. El consiguiente encarecimiento del dinero será, a su vez, un obstáculo adicional para la recuperación de la estabilidad en una de las tres principales regiones económicas del mundo y se traducirá en mayor sufrimiento social para las poblaciones correspondientes, de por sí afectadas por los recortes generalizados, las medidas de austeridad que afectan a los grupos más vulnerables y el creciente desempleo.

Significativamente, tanto las calificadoras de deuda –S&P, Moody’s, Fitch y demás– como los bancos de inversiones –UBS, Deutsche Bank, Credit Suisse, Nomura, Goldman Sachs, Merryl Linch y otros– han venido presionando a las autoridades económicas europeas para que profundicen y extiendan las medidas recesivas, adelgacen los programas sociales y se olviden de cualquier idea de Estado de bienestar, como no sea para procurar el de las pequeñas elites financieras y comerciales y el de los grandes conglomerados trasnacionales.

El hecho aquí comentado pone sobre la mesa, de nueva cuenta, el vastísimo poder fáctico que han acumulado esas entidades privadas para determinar políticas económicas y sociales y para asegurar el sometimiento de cualquier gobierno nacional a los dictados de los organismos financieros internacionales, los cuales condicionan la entrega de asistencia financiera a que las autoridades sacrifiquen a sus respectivas sociedades.

Tal circunstancia pone en entredicho los principios básicos de representatividad política y soberanía nacional, toda vez que la conducción macroeconómica de un país acaba dependiendo, en última instancia, de un puñado de tecnócratas al servicio de intereses particulares que emiten dictados sobre la base de una atribución de poder absolutamente anómala.

Para colmo, tales firmas son corresponsables plenas de la actual crisis en el viejo continente, pues, en su momento, dieron su aprobación a los techos irracionales de endeudamiento del gobierno griego y se hicieron de la vista gorda ante la gestación de desajustes fiscales como los que han terminado por reventar en Europa. Cabe recordar, a mayor abundamiento, que en los meses previos al inicio de la crisis de 2008, tales compañías otorgaron las calificaciones crediticias más altas a las hipotecas basura estadunidenses que contaminaron los mercados financieros mundiales, y que hicieron otro tanto con el desfondado banco Lehman Brothers.

Una crítica adicional que ha de formularse a las calificadoras es su doble o triple rasero para calificar economías: aunque las inestabilidades y desajustes de la estadunidense contagiaron al resto del mundo en 2008, y pese al abultadísimo déficit fiscal que ostenta la superpotencia, S&P y sus análogas no se atreven a rebajar la calificación de la deuda de Washington; en el caso europeo, lo hacen a destiempo, cuando la medida no sólo ha perdido su capacidad preventiva sino que contribuye a magnificar la crisis; por lo que hace a los países de América Latina, las calificadoras suelen premiar las subordinaciones al llamado Consenso de Washington y castigar a los proyectos económicos orientados a fortalecer la soberanía, el mercado interno y la integración regional.