nte un auditorio pleno, integrado por abogados, académicos, dirigentes sindicales y representantes de organizaciones no gubernamentales, el pasado 10 de enero el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Luis González Placencia, recibió la primera queja por violación a derechos colectivos de los trabajadores de nuestro país. Se trató de una ceremonia histórica, al inaugurar la comisión su nueva competencia otorgada por la reciente reforma constitucional.

La queja presentada denuncia las violaciones a derechos fundamentales del trabajo que contiene el decreto antisindical emitido por la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal (JLCA) el pasado octubre, fundamenta la intervención de la comisión y expone criterios que intentan destruir de un tajo derechos de los hombres y mujeres de la ciudad para organizarse libremente y negociar en forma colectiva, como en cualquier país democrático del mundo.

Manuel Fuentes Muñiz, consejero de la CDHDF, hizo la presentación de los asistentes que respondieron a una convocatoria sin precedente. El acto consumaba un proceso de concertación en el seno del sindicalismo democrático, que ha considerado fundamental luchar contra el decreto antisindical, reclamando que el respeto a los derechos colectivos es esencial para quienes viven de su trabajo.

Alfonso Bouzas, quien recientemente recibió el premio UNAM 2011 por sus investigaciones en el área social, expuso el marco conceptual de la queja, señaló que está en juego el futuro de los trabajadores de la ciudad y que el decreto antisindical del tribunal laboral constituye un golpe brutal a los trabajadores sujetos a competencia local, al imponer una maraña de requisitos, más de 320, para el ejercicio de los derechos colectivos. En otras palabras, es la sentencia a muerte de este derecho. Héctor Barba, con experiencia de más de 50 años en la defensa de los trabajadores, detalló los argumentos centrales que fundan la urgente atención de la CDHDF para condenar el decreto denunciado, por constituir un agravio a derechos esenciales. Ezequiel García, del Frente Auténtico del Trabajo, dio cuenta pormenorizada del calvario que sufren los trabajadores de nuestra ciudad cuando acuden ante la Junta Local; describió los tortuosos mecanismos para impedir que ejerciten sus derechos colectivos, así como los privilegios y facilidades que tienen los abogados empresariales para depositar, sin trámite alguno, los contratos colectivos de protección patronal.

Carlos Rodríguez, en representación del Centro de Reflexión y Acción Laboral (Cereal), organización con amplio reconocimiento nacional e internacional y experto en convenios internacionales, reflexionó sobre el impacto negativo que tendrá el decreto antisindical, afirmando que al dejar en estado de indefensión a las y los trabajadores se incrementarán los empleos precarios, la reducción salarial y el abuso contra los empleados más débiles; agregó que el decreto antisindical transita en sentido contrario a los criterios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y su Comité de Libertad Sindical.

Héctor de la Cueva, del Centro de Investigación Laboral y Sindical (Cilas), organización no gubernamental promotora de los derechos laborales, sostuvo que la libertad de asociación es base de los derechos colectivos; México es uno de los países donde más se violan estas garantías, resulta inconcebible que cuando se ha desarrollado una campaña internacional para que el país modifique sus políticas laborales surja una normatividad que de manera abierta y descarada los cancele.

Por la Unión Nacional de Trabajadores (UNT) expusieron su oposición al decreto Rafael Marino, del sindicato de telefonistas, y Carlos Galindo, del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México, quienes señalaron que su voz representa los reclamos de los empleados de distintos sectores de la ciudad, que el decreto refleja el diseño de una política que cancela la esperanza de un cambio en el mundo laboral, que la UNT ha decidido movilizarse con todos sus recursos en contra del mismo, proponiendo que el siguiente paso debe ser acudir ante la OIT.

Patricia Juan Pineda expuso argumentos centrales de la queja, las garantías violadas, las jurisprudencias contradichas. Afirmó que no hay vida digna sin trabajo digno, que sólo la organización colectiva puede contribuir a mejorar las condiciones de trabajo y el salario de las y los trabajadores; hizo referencias específicas acerca de las dificultades que sufren los trabajadores de la construcción, los servicios y del sector educativo de la ciudad, señalando lo absurdo que resulta la negativa de la toma de nota de los comités ejecutivos de las dos instituciones educativas dependientes del gobierno local: el Instituto de Educación Media Superior y la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, como muestra clara de una política antisindical y de la aplicación del decreto. Advirtió que los argumentos que la JLCA utiliza para obstaculizar el ejercicio de los derechos colectivos son inagotables.

El ombudsman capitalino, después de escuchar a los quejosos, afirmó que se daría curso a la queja: Esperamos estar a la altura de los derechos humanos que el Distrito Federal nos exige; informó que inicialmente se turnaría a la tercera visitaduría, encargada de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, y que próximamente se crearía una visitaduría especializada en derechos humanos laborales. La reacción del público fue de aplausos. Sin pronunciarse sobre el fondo de la queja, terminó con una frase que marcó el ambiente: Que quede claro, para la comisión, trabajo sin derechos es servidumbre o esclavitud.

PD. Los temas de la recuperación salarial, mejora de la justicia local en el ámbito civil, penal, administrativo y laboral; y la libertad y democracia gremial, ¿deberían ser parte de las agendas de los precandidatos a gobernar la ciudad?