ntes que 2011 terminara, el proyecto de construcción de la presa El Zapotillo, en el municipio de Cañadas de Obregón, Jalisco, sufrió otro revés. Al resolver en definitiva la demanda de 12 habitantes del poblado Temacapulín que alegaron violaciones a sus derechos por la construcción de un nuevo centro de población, donde pensaban reubicarlos una vez que la obra estuviera concluida, el pleno del tribunal de lo administrativo del estado les dio la razón al declarar nulo el plan de desarrollo que lo sustentaba, por haber sido emitido sin que se cumplieran las formalidades del procedimiento en la etapa de consulta. Como consecuencia de lo anterior, dicho plan quedó insubsistente y si las autoridades consideran que deben seguir adelante con él, antes deberán reponer el procedimiento para que una autoridad competente emita otra convocatoria donde se garantice a los afectados un periodo que les permita formular las críticas y propuestas que consideren oportunas.

La sentencia, producto de la apelación de los demandantes en el juicio administrativo IV-319/2009, resuelto el 31 de agosto de 2010, en el cual se negaba que tuvieran derecho en sus reclamaciones, fue dictada desde el 16 de febrero de 2011 y notificada a los interesados el 9 de diciembre pasado. Ella se une a otras recomendaciones y sentencias dictadas con anterioridad, donde queda claro que a los reclamantes y sus compañeros les asiste la razón y tienen derecho a oponerse a la construcción de la presa El Zapotillo, porque les acarreará diversos problemas. Entre las recomendaciones –que el órgano judicial colegiado utiliza para argumentar su resolución– está la 35/2009, del 31 de diciembre de 2009, de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, en la que se aconseja suspender la obra, porque viola el derecho a la propiedad, la salud, la vivienda, al medio ambiente sano y al desarrollo, no sólo de los quejosos, sino de todos los habitantes de la región.

Similar criterio sostuvo 15 días antes el tribunal de lo administrativo del estado, en otro juicio por la misma causa, decretando una suspensión provisional de los actos, pero las autoridades no atendieron tal medida preventiva y siguieron adelante con las obras, lo que obligó a los afectados a promover un incidente de desacato; el 17 de noviembre de 2010 fue resuelto por la quinta sala unitaria del tribunal de lo administrativo de Jalisco, que emplazó a las autoridades estatales para que dejaran las cosas como estaban; es decir, se abstuvieran de continuar con las obras hasta que se resolviera el fondo del problema. Las autoridades tampoco en esa oportunidad obedecieron la resolución del tribunal y éste tuvo que dar vista a la Procuraduría de Justicia estatal para que procediera en contra de ellas. Hasta la fecha la institución no ha resuelto nada al respecto.

Paralelo a eso, el 4 de febrero un juzgado auxiliar de distrito con sede en la ciudad de Guadalajara volvió a amparar a los afectados, expresando que era clara la constante negativa de las autoridades responsables, no sólo a dar a los interesados garantía de audiencia, como ordena el artículo 14 constitucional, sino a brindarles toda la información necesaria para que en pleno conocimiento de la forma en que se verán afectados sus derechos de propiedad, puedan opinar, discutir, aportar soluciones alternativas de relacionarse o asesorarse de expertos que aporten soluciones a la prioridad de satisfacer la necesidades acuíferas de un conglomerado social. En lugar de acatar la instrucción, las autoridades federales y estatales, a quienes se conminaba a suspender las obras, recurrieron la sentencia, que se encuentra ante el cuarto tribunal colegiado en materia administrativa con sede en Guadalajara, en espera de resolución.

Con todos estos fallos en favor de los opositores de la construcción de la presa El Zapotillo, queda claro que la razón y el derecho les asiste; de la misma manera, para ellos no existe duda de que si la obra no se ha detenido es porque en este país pesan más los intereses económicos y políticos que el derecho que los ciudadanos tenemos. De hecho, unos días después que la resolución se hizo pública, un precandidato panista a gobernador del estado de Guanajuato declaró que la presa debe continuar, a pesar de la oposición de los afectados, mientras el director del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la ciudad de León –que serán los principales beneficiados– informaba que estaban por expropiarse los terrenos donde se construirá la obra. Con tanto juicio ganado por los ciudadanos que se sienten afectados, parece que no sólo está en juego el derecho de los reclamantes, sino la vigencia de todo el orden jurídico. Y eso ya debe interesarnos a todos