 foto: DAVID BACON. Las manos de Benito Parra, jornalero agricola en Corning, California, 2006 |
De nuevo inculpan
a los mapuche
Una vez más los mapuche son señalados por el gobierno de Chile como culpables de “actos terroristas”. En esta ocasión los inculpa de los incendios forestales ocurridos en la primera semana de enero en la comuna de Carahue. Y una vez más los amenaza con la aplicación de la Ley Antiterrorista impuesta por la dictadura de Augusto Pinochet y avalada por los gobiernos de la Concertación.
Sin que existan pruebas que los responsabilicen del siniestro que arrasó con más de tres mil hectáreas de bosques y pastizales y cobró la vida de siete brigadistas, el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, declaró que estos hechos son intencionales y acusó directamente a la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM), organización que desmintió su participación.
La ex-vocera de los presos políticos mapuche de la CAM, Natividad Llanquilleo, explicó que con la querella presentada por los funcionarios, se pretende justificar, además de la aplicación de la Ley Antiterrorista, la militarización de varias comunidades.
Por su parte, la Federación Mapuche de Estudiantes (Femae), organización que se constituyó en el marco del conflicto educacional chileno, señaló que las denuncias son un “aprovechamiento político de sectores ligados a la empresa forestal Mininco” y que “el manejo mediático de la situación se enmarca en un proceso de criminalización de la protesta social mapuche, por lo que se visualiza una eventual ola de represión, como la que actualmente se realiza en Quepe y Ercilla”.
La acusación, advierte la agrupación estudiantil, pasa por alto “la excesiva plantación de árboles exóticos como el pino y el eucalipto, así como las precarias condiciones de trabajo de los brigadistas”. Cabe destacar que el comandante de bomberos de Carahue, Héctor Rebolledo, descartó oficialmente que se vislumbrara un “ataque terrorista” como causa del incendio forestal.
A pesar de que nada culpa a los mapuche, en la cárcel de Angol ya se siente el peso de la querella gubernamental. Los presos políticos de la CAM denunciaron el allanamiento de parte de la gendarmería y personal civil no identificado, quienes ingresaron violentamente a su módulo y procedieron a fotografiar, grabar y extraer documentación, motivo por el que sus familiares manifestaron “preocupación por su seguridad e integridad física y psicológica”.
Ojarasca