Ecuador: prohibido olvidar
lliana Almeida
La conformación social de los pueblos indígenas es heterogénea: hay agricultores, comerciantes, obreros, intelectuales; entre los selváticos hay cazadores y recolectores. Están los que profesan diversas religiones; muchos se agrupan en organizaciones, otros no. Todos tienen un denominador común: sus pueblos son resultado de un proceso histórico no reconocido. Por eso, la agresión política a un individuo es una agresión a toda su colectividad. El gobierno de Rafael Correa no ha escatimado epítetos racistas para insultarlos. Se los encausa por oponerse a leyes —como la de minería— que propician la destrucción del ambiente. (Conviene saber que la extracción minera en Filipinas puso al desnudo el incumplimiento de compromisos de las transnacionales que han provocado grandes pérdidas en la agricultura y empobrecido a los campesinos). Aquí, los han reprimido por protestar contra la ley de aguas (recuérdese que en Cajamarca la explotación aurífera demanda un gasto desmedido de agua, lo que ha motivado el levantamiento de toda la población para salvar las últimas vertientes).
Se han criminalizado sus protestas y se les ha procesado por defender su derecho a la supervivencia —sin agua no hay vida— burlando preceptos constitucionales que los amparan. Se ha intentado acallarlos con el uso de la fuerza (Macas y Otavalo). Se les negó la participación en la cumbre de la Alba. Se limitan las competencias autonómicas en la Educación Bilingüe Intercultural y el Codenpe, que representan sistemas de su pensamiento cultural. Se envía misioneros a la Amazonia para “civilizarlos”, ignorando que la esencia de las culturas originarias son las leyes naturales, por lo que son los guardianes de la naturaleza. Se les inculpa por los acontecimientos del 30 de septiembre (30-S), aduciendo que el antecedente para la revuelta policial fue la defensa que hizo la Conaie de los recursos hídricos. Se envía como embajadores a ciertos dirigentes para simular una disposición favorable hacia los indígenas, pero en realidad para dividir sus organizaciones. La presencia de Correa en el juicio contra Mónica Chuji tuvo un objetivo: ejercer presión sobre los jueces; una madrugada el mandatario apareció en Zamora para pelearse con el prefecto provincial demostrando la ubicuidad que le distingue cuando de perseguir a la dirigencia indígena se trata. La Conaie tuvo que acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en demanda de medidas cautelares para los tagaeri y taromenani, tras la licitación del campo petrolero Armadillo, situado en territorio waorani.
En resumen: la política del régimen evidencia la falta de criterios justos para enfrentar la realidad de los pueblos indígenas, desprecio a sus derechos históricos y constitucionales, menosprecio a sus potencialidades, y desinterés por su existencia. ¿La patria ya es de todos? ¿Así procede un gobierno de vanguardia?
Tomado de hoy.com.ec, Quito,
31 de diciembre 2011.