Madrid, 13 de enero. La Audiencia Nacional española reactivó este viernes la causa sobre el centro de detención estadunidense en la base naval de Guantánamo, en Cuba, ante la falta absoluta de respuesta de las autoridades del gobierno de Estados Unidos.

El juez Pablo Ruz reafirmó la competencia del tribunal español para investigar los presuntos delitos de torturas en ese penal y pidió a la fiscalía que le diga si considera que el ex presidente George W. Bush es uno de los presuntos responsables de lo ocurrido allí.

Ruz señaló que Estados Unidos no ha respondido a sus requerimientos, en los que se pide a las autoridades de ese país confirmar si investigan esos hechos o no, que tienen un vínculo de conexión relevante con España ya que un ciudadano español y otro marroquí residente en el país fueron los que presentaron la querella que abrió la causa hace casi tres años.

El español Hamed Abderrahman Ahmed y el marroquí residente en España Lahcen Ikassrien, que estuvieron detenidos en Guantánamo, presentaron en la Audiencia Nacional una querella contra Bush, el ex vicepresidente Richard Cheney, el ex secretario de Defensa Donald Rumsfeld y los generales Michael Lehner y Geoffrey Miller, responsables de Guantánamo.

Otros dos ex detenidos de Guantánamo, Abdul Latif Al Banna y Omar Deghayes, se unieron posteriormente a la misma causa.

Quien inició las investigaciones fue el juez Baltasar Garzón, ahora suspendido cautelarmente de sus funciones en el tribunal de cara a los dos juicios por prevaricación a los que se enfrenta este mes.

Los hechos denunciados, según señaló el juez sustituto de Garzón, pueden ser constitutivos de delitos de torturas y contra la integridad moral, y de crímenes de guerra.

Según las leyes españolas, la justicia del país sólo puede investigar delitos cometidos fuera de España si los hechos denunciados no son investigados por el país en el que sucedieron o si están implicados en ellos ciudadanos españoles.

Ruz también preguntó al Reino Unido si está investigando lo sucedido en Guantánamo, pero tampoco ha obtenido respuesta.

La primera vez que la justicia española pidió respuesta a los dos países fue en mayo de 2009.