Daniel Alvarado, chofer de transporte urbano en Tepic, Nayarit, murió luego de ser baleado por policías estatales, cuando al conducir su vehículo ignoró la señal de alto que le hicieron agentes en un retén instalado en la colonia Vistas la Centera.

En protesta, medio centenar de conductores realizaron, de las 11 a las 16 horas, una caravana vehicular por calles de esa capital, lo que dejó sin el servicio de transporte a miles de ciudadanos y ocasionó severo caos vial.

Daniel Alvarado era sobrino de Ezequiel Llamas Alvarado, uno de los dirigentes más importantes del transporte en el estado, quien encabeza la organización Transpornay.

Antonio Ramírez Domínguez, secretario general del Sindicato de Choferes Urbanos de la sección 5 de la Confederación de Trabajadores de México expresó que Daniel era una persona que no tenía vicios, no usaba armas, para nosotros es indignante que le hayan hecho eso.

Explicó que lo único que demandan los integrantes del gremio es justicia: lo que pedimos al gobierno del estado es que nos escuche y hagan algo.

Las autoridades nayaritas informaron que han tomado cartas en el asunto y ya se investigan los hechos para dar puntual respuesta al reclamo de los transportistas.

Acusan excesos en penal

En tanto, personal de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) investiga en Nuevo Laredo, Tamaulipas, el presunto asesinato a golpes del mecánico Josué Manuel Esqueda, a manos de militares, ocurrido el pasado 27 de diciembre.

Asimismo, el organismo indagará las denuncias de cuatro reos del penal de Nuevo Laredo y dos mujeres, por tortura, lesiones, amenazas, robo, tratos crueles y degradantes cometidos en los pasados tres meses, por soldados que hacen tareas de policías estatales adscritos a dicha prisión, bajo las órdenes del capitán Rafael Lomelí.

Sotero Martínez Mendoza, Ernesto Bautista Vega, Enrique Escobar Torres y José Guadalupe Garza Nieto fueron los reclusos que interpusieron las denuncias ante el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, presidido por Raymundo Ramos.

Los reos acusaron a los militares de extralimitarse en las revisiones corporales que realizan a sus familiares, incluso a menores de edad, durante los días de visita. Afirmaron que los soldados tampoco respetan a los empleados del reclusorio.

Denunciaron también que en la enfermería de la cárcel hay 23 convictos que padecen sida, cáncer, tuberculosis y diabetes, a los que se les niega el ingreso de medicamentos así como una alimentación especial.

En el caso de las dos mujeres, éstas acusaron que en las revisiones de rutina fueron obligadas a desnudarse y las celadoras tocaron partes de sus cuerpos, además de que les tomaron fotografías sin expicarles cuál era el motivo.