Organizaciones de productores del norte del país hicieron un llamado a enfrentar la emergencia agroalimentaria, el cambio climático y la sequía atípica que desde la década de los 90 del siglo pasado ha afectado las actividades del campo.

Hay que tomar medidas de emergencia que conduzcan a un cambio profundo en la política del agro y en los esquemas productivos alimentarios, advirtieron.

Ante esta situación, piden a la población y a las instituciones empezar una campaña de acopio de alimentos para reforzar la asistencia humanitaria dirigida a las comunidades rurales donde no se obtuvieron cosechas por sequías, inundaciones o heladas.

A unos días del inicio de la marcha campesina del norte a la ciudad de México, los labriegos apremiaron a atacar las causas que han conducido al incremento en los precios de alimentos y energéticos, la degradación de los recursos naturales y el calentamiento global.

En la Declaración de Chihuahua, los afectados destacaron que la zona norte es baluarte del sistema alimentario nacional. En dicha región se han desarrollado ramas de producción competitivas en el mercado, se generan grandes volúmenes de insumos básicos y estratégicos para el consumo interno y la exportación, y aporta grandes caudales de agua para que se cumpla el tratado internacional de límites y aguas con Estados Unidos, pero no se compensa a los estados por ello.

Demandaron garantizar el apoyo alimentario a la población más vulnerable durante los próximos 10 meses y desarrollar un programa de empleo comunitario para reactivar la producción regional. Esto implica entregar en el primer trimestre de este año los recursos de diversos programas para la producción.

Durante los preparativos para la marcha, que saldrá el día 16 de Chiahuahua y cruzará por Coahuila, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, León y Queretáro, para llegar el día 23 al Zócalo de la ciudad de México, los campesinos de El Barzón, Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas y Frente Democrático Campesino de Chihuahua, entre otras, demandaron apoyos estatales para establecer mecanismos de captación de agua, promover sistemas de producción adecuados a la región, reordenar los programas rurales y promover la integración de la ganadería y la agricultura.

La política de seguridad alimentaria debe ser permanente; los gobiernos y todas las instituciones deben comprometerse con ella. Urgen medidas coordinadas para combatir la falta de alimentos y el alza de precios de éstos.