a imposición de la llamada Supervía Poniente ha dejado numerosas enseñanzas entre quienes hemos seguido el caso. Una de ellas se relaciona con la manera en que se manejan los hilos desde el poder gubernamental y económico para torcer la ley a favor de los intereses de unos cuantos. Relato un ejemplo.

El 2 de diciembre de 2012, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCADF) emitió una sentencia favorable a la demanda interpuesta por el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, con el apoyo de Greenpeace y Litiga Ole. La sentencia sienta precedente para que una organización como Greenpeace pueda interponer demandas en casos de violación de los derechos ambientales. El fundamento de la sentencia es muy preciso: no se cumplió con la consulta pública que por ley debió efectuarse respecto de la manifestación de impacto ambiental (MIA) de la Supervía.

La respuesta del jefe de Gobierno no se hizo esperar. Recordó que había vacantes en el TCADF, dos de ellas en la sala superior, que es la que deberá ratificar ante un recurso de revisión la sentencia de la primera sala; también, que había vacantes en la tercera y cuarta salas. Envió entonces cuatro candidatos con conflicto de interés por ser funcionarios públicos o personas muy cercanas al jefe de Gobierno, a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia de la Asamblea Legislativa del DF, que aprobó a dos de ellos; luego, en un acto inusitado, el propio presidente de dicha comisión pidió al pleno que rechazara el dictamen emitido, para revisar el caso de Francisco Guillermo Ríos Zertuche. Ante el pleno sometido, la mayor parte de los integrantes de la comisión fue incapaz de defender su dictamen original.

El 24 de diciembre siguiente, la comisión convocó a la ciudadanía a presentar, en un máximo de cinco días, observaciones respecto de un nuevo candidato: Luis Adrián Cruces Alatriste. Sólo que la ALDF vacacionó del 26 de diciembre de 2011 al 9 de enero de 2012, y así la convocatoria era incumplible.

El 9 de enero, varios integrantes del Frente Amplio contra la Supervía Poniente nos presentamos en la ALDF para solicitar, entre otras cosas, lo obvio: una nueva convocatoria. A tirones se logró una ampliación del plazo. Sin embargo, el 10 de enero tuvo lugar la entrevista al candidato del jefe de Gobierno. No supo responder ni las preguntas más sencillas. Su currículo es por lo demás deficiente en función del cargo que ocuparía.

Hay que señalar que desde que existe la ALDF, los titulares del gobierno de la ciudad solían enviar candidatos surgidos del propio tribunal. Este tribunal, por cierto, emite, en casos de controversia con el gobierno, sentencias favorables a los gobernados en más de 90 por ciento de los casos.

Cuando el jefe de Gobierno no toma en cuenta a los magistrados para presentar sus candidaturas, envía las de funcionarios o personas allegadas a él, y en este último caso, a un desconocido, pone de manifiesto varias cosas: su nulo respeto por las instituciones que defienden a la ciudadanía, su talante antidemocrático y una falta de respeto total por el Poder Legislativo, pues está tan seguro de que una mayoría de legisladores seguirán sus instrucciones, por las razones que se quiera, que los pone en el predicamento de aprobar a candidatos que ante los ojos de todos no cumplen con el mínimo de los requisitos.

No me referiré aquí a los rasgos de carácter que evidencia la actuación del jefe de Gobierno, pero sí a la abyección y falta de respeto a sí mismos, y a la investidura que ostentan, de legisladores y legisladoras que arriesgan con su irresponsabilidad un proyecto social y democrático que ha costado arduos esfuerzos y largas luchas a muchos ciudadanos. Ojalá que quienes han actuado así, recapaciten.

Es grave que en la capital del país prevalezcan la ilegalidad, la complicidad, la abyección, la manipulación y los intereses particulares por encima de los colectivos. Y no es sólo responsabilidad de tal o cual gobernante, o de tal o cual partido, sino de una ciudadanía que con su silencio se vuelve cómplice. Es hora de despertar.