El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) podría ahorrar hasta 36 por ciento del presupuesto destinado a la compra de medicamentos sólo con evitar las prácticas de colusión entre los proveedores y aplicar los criterios contenidos en la legislación para garantizar al máximo el cumplimiento de los contratos, advierte un informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Sin embargo, el organismo señaló que el marco regulatorio es débil, no prevé sanciones fuertes, por lo que a los proveedores les sale barato incumplir los compromisos contraídos con el instituto. Esto genera dificultades en la prestación de los servicios y la necesidad de realizar adquisiciones de emergencia y de mayor costo.

Como parte de las actividades que realiza en México José Angel Gurría, secretario general de la OCDE, ayer presentó el Estudio sobre la contratación pública: aumentar la eficiencia e integridad para una mejor asistencia médica: Instituto Mexicano del Seguro Social. Durante el acto, Gurría desglosó algunos de los puntos que resultaron de un año de trabajo de investigación y análisis.

Llamó la atención sobre la necesidad de que se haga un uso óptimo de los recursos públicos disponibles, los cuales siempre son escasos, y más en tiempos de presiones fiscales. Que los procesos de compras públicas se realicen con eficacia y limpieza contribuye a tener un gobierno transparente, así como a restituir la confianza en las instituciones, dijo.

El acto –realizado en el auditorio Juan Moisés Calleja del IMSS– congregó a representantes de organismos empresariales y de los trabajadores, así como a los titulares de la Comisión Federal de Competencia, Eduardo Pérez Mo- tta, y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste), Sergio Hidalgo Monroy. Este último se dijo interesado en que el ejercicio que realizó la OCDE en el IMSS se haga también en el instituto a su cargo.

Gurría destacó la disposición del director del Issste, pues puede contribuir a mejorar la eficiencia en la administración. Señaló que entre los países de la OCDE esto es algo natural, mientras en México lo obvio es que no exista esta cooperación, a pesar de sus beneficios. Las compras conjuntas entre ambas instituciones y otras de menor tamaño les permitirían obtener reducciones en los precios de los productos, apuntó.

También alertó al IMSS sobre la importancia de que las adquisiciones sean realizadas por expertos. Son miles de millones de dólares los que están en juego y debemos preocuparnos porque los encargados sean profesionales de excelencia”, advirtió.

Una deficiencia importante –señala el informe– es la carencia de estadísticas e información sistemática sobre contratación. Aunque las oficinas de compras recopilan los datos, no existe una estrategia para utilizarlos en el diseño de planes de adquisiciones, control interno, supervisión de desempeño y gestión.

La falta de información adecuada impide al IMSS evaluar con exactitud su sistema de contratación en su totalidad y las posibles oportunidades de mejora, apunta el documento. Incluso, menciona que existe un número importante de contratos por montos menores que se expiden por adjudicación directa, lo que genera costos administrativos considerables.

El estudio contiene un diagnóstico sobre la situación administrativa del IMSS y 70 recomendaciones, tomadas de las mejores experiencias de otros países, para que el principal organismo de seguridad social de México logre abatir las prácticas de colusión y corrupción en la adquisición de bienes y servicios.

Gurría también destacó que el instituto ya ha realizado acciones para ahorrar dinero. De hecho –señala–, en los pasados cinco años acumuló 46 mil millones de pesos en ahorros por procedimientos como las subastas en reversa, precios máximos de referencia y la centralización de las compras, entre otros.

Al respecto, el director del IMSS, Daniel Karam, explicó que ese monto equivale al presupuesto de dos años para comprar medicinas. Reiteró el compromiso del organismo a su cargo de someterse al escrutinio internacional y, en este caso, de la OCDE, para identificar las áreas de oportunidad donde se puede incrementar la eficiencia administrativa.