La solicitud del Estado mexicano de que se otorgue inmunidad a Ernesto Zedillo ante la demanda civil que enfrenta en Estados Unidos por la matanza de Acteal es una clara muestra del desdén que las autoridades del país han mostrado ante los derechos humanos en años recientes. El ex mandatario debe enfrentar la acusación y aclarar su participación en crímenes de lesa humanidad, señalaron legisladores y activistas de organizaciones civiles.

Al conocer la solicitud de inmunidad que Zedillo presentó ante la corte de Connecticut en Estados Unidos, y el respaldo que recibió del gobierno de Felipe Calderón, los diputados Sofía Castro (PRI) y Mauricio Toledo (PRD) sostuvieron que no se puede confundir inmunidad con impunidad, por lo que el ex presidente debe ser procesado como cualquier ciudadano mexicano.

Es vergonzoso que Ernesto Zedillo pretenda evadirse en un hecho que marcó la historia contemporánea del país. Está obligado a asumir su responsabilidad no sólo como ex funcionario, sino como ciudadano y como hombre, dijo Sofía Castro.

La diputada priísta agregó que por encima de cualquier investidura están la razón y los derechos humanos, y permitir que un funcionario, cualquiera que sea, goce de ventajas sobre otro, manifiesta un estado de descomposición política y social que debe borrarse del escenario mexicano.

Mauricio Toledo afirmó que la solicitud de Zedillo refleja “su honda preocupación, porque sabe que fue responsable –como presidente– del multihomicidio. Pero peor resulta la actitud asumida por el gobierno de Calderón.

El anuncio del calderonismo conlleva la preocupación que existe entre los panistas, porque una vez concluido el mandato del ocupante de Los Pinos se presente una catarata de denuncias contra él. Se están vacunando.

Por su parte, Zoila Luna, coordinadora de la Fundación Méndez Arceo, señaló que la petición de inmunidad formulada por la Secretaría de Relaciones Exteriores es una muestra más de la falta de compromiso del Estado mexicano en materia de derechos humanos.

Luego de presentar la convocatoria del 20 Premio Nacional de Derechos Humanos Sergio Méndez Arceo, la activista indicó que hay un discurso sobre el tema, pero no vemos un compromiso real, porque en crímenes de lesa humanidad, como el de Acteal, el gobierno pide inmunidad para Zedillo cuando todos debemos estar sujetos a la justicia.

A pesar de que los demandantes no estén vinculados con la organización Las Abejas ni cuenten con su aval, Luna consideró que es un grave error del Estado mexicano defender al ex mandatario a priori, sin esperar que se realice una investigación a fondo para deslindar responsabilidades.

En tanto, Antonio Cerezo, del Comité Cerezo México, consideró que la solicitud de inmunidad formulada ante el gobierno de Washington es un acto consecuente con la política de falta de respeto a los derechos humanos que ha mantenido el gobierno mexicano en 10 o 15 años recientes.

Al margen de quiénes sean los autores de la demanda civil ante la corte de Hartford, en Connecticut, el hecho es que el Estado mexicano pide impunidad, porque ni siquiera quiere que se investigue la presunta responsabilidad de Zedillo en el hecho.