El ayuntamiento de Matamoros, Tamaulipas, pidió al gobierno del estado dar de baja a 150 policías municipales que no aprobaron los exámenes de confianza que desde mayo pasado les aplicó la Secretaría de la Defensa Nacional.

Israel de León Medina, secretario del ayuntamiento, dio a conocer que dichos elementos reprobaron la prueba del polígrafo y también resultaron ser adictos a las drogas.

Mencionó que en caso de que los uniformados sean cesados, la nómina de la corporación se reduciría a 450 efectivos y sería menor la carga económica para el gobierno local, que tiene que pagar el sueldo de los 150 agentes, a pesar de que desde mayo están impedidos para salir a patrullar.

En tanto, a partir de este miércoles la Policía Estatal Preventiva (PEP) de Sinaloa asumió las labores de seguridad en Navolato. Los agentes que formaban parte de la corporación municipal podrán formar parte de la PEP y se respetarán sus derechos laborales, informó la Secretaría de Seguridad Pública de la entidad.

Lo anterior, luego de que el 4 de enero el cabildo de esa localidad acordó ceder la responsabilidad de otorgar seguridad pública a los ciudadanos a la SSP. La medida, señaló el alcalde Evelio Plata, es provisional y tiene como objetivo disminuir la incidencia delictiva.

La policía municipal de Navolato cuenta con 120 agentes, pero requiere 300; la región es considerada una de las cinco más violentas, después de Culiacán, Ahome, Guasave y Mazatlán. Es la primera vez que un municipio sinaloense transfiere dicha responsabilidad a las autoridades estatales.

Retiran plantón en Oaxaca

En Oaxaca capital, agentes de la policía de tránsito estatal retiraron ayer el plantón que habían instalado la víspera frente al Palacio de Gobierno, después de que fueron liberados nueve de sus compañeros detenidos por elementos de la Unidad Policial de Operaciones Especiales, de la Secretaría de Seguridad Pública del estado.

Los uniformados fueron arrestados después de una gresca que se originó cuando intentaron evitar la detención de su líder Martín Ramírez Martínez, en las afueras de la Dirección de Tránsito y Vialidad, por encabezar un paro de labores para exigir atención a sus demandas.

Los policías de tránsito demandan que sean suspendidos los cambios de adscripción del personal, recibir otro uniforme, el cese del jefe operativo Filberto Rojas Campos –a quien acusan de trato déspota– y la suspensión de todo acto violatorio a sus derechos laborales.