El titular de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Poiré, anunció que están en trámite siete declaratorias de desastre por sequía para igual número de entidades, las cuales deberán entregar sus evaluaciones, requisito indispensable para obtener los recursos federales.

Dichos estados son: Aguascalientes, Coahuila, Chihuahua, Durango, Jalisco, Sonora y Zacatecas, cuyos comités podrían entregar sus resultados a finales de este mes, y sólo entonces obtener los recursos para paliar los daños por heladas y sequías.

El anuncio de Poiré ocurre una semana después de que el presidente Calderón vetara la solicitud de los diputados de crear un fondo especial de 10 mil millones de pesos para contrarrestar los daños ocasionados por las heladas en 20 estados.

Las observaciones del Ejecutivo se refieren a que el decreto aprobado por la Cámara de Diputados el pasado 15 de diciembre carece de fundamento constitucional y jurídicamente es improcedente su ejecución, porque los legisladores no lo autorizaron dentro del Presupuesto de Egresos, avalado en noviembre.

Días después, el Presidente dijo que sería irresponsable autorizar ese gasto y anunció que los recursos federales para apoyar a los afectados por la sequía serían canalizados con base en las reglas del Fondo de Desastres Naturales (Fonden), administrador de los recursos para la atención de emergencias provocadas por fenómenos naturales.

Ayer, durante la ceremonia en que se anunció que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) evaluará las políticas de protección civil en México, Poiré puntualizó algunas de las medidas para atender a la población afectada, en tanto se evalúan los daños en el campo.

Mencionó que ya se han destinado 30 millones de pesos –por conducto de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedeso)– para la adquisición de diversos equipos, como generadores atmosféricos de agua, y 200 millones más –transferidos del Fonden a la Sedeso– para llevar a la población alimentación y cobijo.

Frente al secretario general de la OCDE, José Ángel Gurría, el titular de Gobernación citó algunos avances innegables en los 26 años de existencia del Sistema Nacional de Protección Civil, y confió en que sean tomados en cuenta por este organismo, que agrupa a países con alto índice de desarrollo, del cual México es miembro.

Desde 2003, la OCDE ha evaluado en materia de riesgos a cinco de sus miembros: Japón, Noruega, Suecia, Francia e Italia.

Poiré dijo que más de 90 por ciento de los municipios del país cuentan con unidades de protección civil.

El año pasado fueron emitidas 54 declaratorias de emergencia, esto es, apoyo para 1.2 millones de personas afectadas en 400 municipios; se autorizaron además 10 mil 600 millones de pesos para atender 44 declaratorias de desastre (dinero para la reconstrucción de infraestructura).

En su mensaje, Gurría subrayó la necesidad de que las naciones cambien de enfoque para pasar de ser reactivos a proactivos en medidas preventivas, a fin de que en casos de desastre nos queden no menos heridas, pero sí menos cicatrices.

Subrayó que los sistemas de protección civil cumplen un papel crucial en el desarrollo de las naciones, y si bien no se eligen los peligros naturales que amenazan a su población, todos los gobiernos tienen el deber de proteger a sus ciudadanos y sus bienes.

Antes del terremoto y tsunami en Fukushima, Japón –ocurridos en 2011–, el informe de la OCDE, emitido dos años antes, concluyó que era el país mejor preparado del mundo para enfrentar catástrofes naturales, pero sólo puede enfrentar una a la vez.

En el caso de los países en vías de desarrollo –dijo–, los desastres naturales se derivan en muchos casos de la pobreza, especialmente por permitir asentamientos humanos en lugares con riesgo.