La ausencia de una alimentación adecuada y la dificultad de 28 millones de mexicanos para adquirir la canasta básica fue el factor que más incidió en el aumento de la pobreza –que llegó a 52 millones– entre 2008 y 2010, a pesar de que para cubrir esta carencia se orientó uno de cada dos pesos que el gobierno federal destinó a los programas de este rubro. Este año y los próximos, el tema será prioridad para el país, y el reto es que la población vulnerable resuelva problemas de desnutrición.

El Informe de evaluación de la política social 2011, del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) –divulgado ayer–, señala que hasta 2010 había 273 programas federales de desarrollo social, y el presupuesto creció 42 por ciento, pero existe gran dispersión en ellos y cada año se señalan nuevas acciones, sin que quede clara la razón por las cuales se establecen.

Unos programas son creados por el Poder Ejecutivo, otros por el Legislativo o por las entidades federativas; posiblemente varios de ellos son ideados para resolver problemas concretos de la población, pero debido a que no siempre se cuenta con resultados claros, la sospecha de uso político es inevitable.

Contribución a la desigualdad

El documento considera progresivos programas como Oportunidades, mientras los más regresivos, que se otorgan a la pobla- ción de ingresos altos, son los del sistema de pensiones del Issste y la deducibilidad de colegiaturas, los cuales, además, contribuyen a la desigualdad.

Agrega que Procampo, a pesar de que cuenta con nuevas reglas, proporcionalmente beneficia más a los mayores productores. Refiere que hay mecanismos que han sido probados con el fin de promover la inversión y mejorar la productividad, pero no han dado resultados satisfactorios y no se han extendido.

El año pasado, el Coneval reportó que entre 2008 y 2010 aumentó 3.2 millones el número de mexicanos en pobreza multidimensional, por lo que se llegó a 52 millones (46.2 por ciento de la población). Esto –puntualiza– se debió en parte a las crisis económica y energética, y al aumento en el precio de alimentos.

Explica que el incremento de personas en situación de pobreza estuvo relacionado con el aumento de la población en carencia de acceso a la alimentación, la cual se elevó en 4.2 millones entre 2008 y 2010. En esto también incidió la reducción del ingreso real de los hogares, sobre todo en zonas urbanas. Así, para 2010 había 28 millones de mexicanos con inseguridad alimentaria –en 2008 había 23.8 millones–, de los cuales 12.2 millones vivían en un grado severo.

El documento detalla que en los hogares mexicanos el problema de la seguridad alimentaria es multifactorial, ya que hay dificultades que van desde disponibilidad hasta acceso y consumo. Acceder apropiadamente a ellos no es suficiente para contar con una buena nutrición, pues además deben ser de calidad y diversidad adecuadas, así como ser consumidos en un ambiente higiénico y por un cuerpo saludable.

Advierte que en México existen grupos de población con malnutrición, sobrepeso y obesidad. Esta situación impone retos adicionales a la atención de los problemas de seguridad alimentaria y nutricional. Recuerda que en 2010 se lanzó la estrategia contra el sobrepeso y la obesidad, pero no se conoce aún su impacto. Será importante evaluar y monitorear las acciones y sus resultados para hacer las correcciones necesarias.

El Coneval señala que el incremento en el precio de los alimentos registrado en los pasados dos años afecta más a los hogares pobres, ya que los del decil de ingreso más bajo destinan en promedio 52 por ciento de su gasto a la compra de comestibles, y quienes están en el más alto utilizan 23 por ciento.

En 2010 –detalla el informe–, el gobierno federal tenía cinco programas relacionados directamente con la alimentación, los cuales captaban 50 por ciento de los recursos aprobados para el gasto en desarrollo social; en total fueron 39 mil 198 millones de pesos. Sin embargo, estas acciones apenas representan 2 por ciento de los 273 programas de desarrollo social inventa- riados por el Coneval.

Abunda que hay algunos mecanismos de protección social para fortalecer el ingreso de la población ante reducciones circunstanciales como las vividas en el país entre 2008 y 2010, pero son insuficientes. En ausencia de estos mecanismos y ante las crisis recientes se han impulsado instrumentos como Oportunidades o subsidios energéticos generalizados que no están focalizados en los pobres.

Refiere que en cuanto a los grupos vulnerables, 45.7 por ciento de los adultos mayores estaban en pobreza, mientras la población menor a 18 años en esa condición ascendía a 53.8 en 2010.

Entre las recomendaciones que plantea está que ante los alcances limitados de los programas presupuestarios para fomentar el empleo y mejorar el ingreso, el incremento sostenido del poder adquisitivo en el país debería provenir de las mejoras en el crecimiento económico, empleo, salarios, inversión y estabilidad de precios. En cuanto a alimentación, propone analizar los subsidios y apoyos alimentarios y de nutrición, tomando en cuenta el contenido calórico de los productos en poblaciones urbanas cuyos ingresos sean mayores a los de la población en extrema pobreza, donde el principal riesgo es el sobrepeso, no la desnutrición.

En relación con la desigualdad, plantea que se debe hacer un sistema fiscal más progresivo para que incida sobre la distribución del ingreso y eliminar algunos subsidios regresivos; mejorar la calidad de los servicios básicos en áreas de mayor pobreza, sobre todo en las zonas prioritarias indígenas.