Jalapa, Ver., 10 de enero. El país no está en guerra y en su territorio no se configuran los supuestos del derecho internacional para hablar de un conflicto armado derivado de la estrategia nacional de seguridad pública y el combate a las cadenas del crimen organizado, sostuvo el secretario de Gobernación, Alejandro Poiré, al inaugurar los trabajos del foro Seguridad con legalidad, en el pabellón central del Museo Interactivo de Jalapa.

El gobierno federal ha desarrollado una estrategia integral y corresponsable para fortalecer la plena vigencia del estado de derecho en todo el territorio nacional, para garantizar que todos los ciudadanos puedan ejercer a plenitud sus derechos y libertades, y también, desde luego, para llevar a todos los delincuentes ante la justicia, sostuvo.

Rechazó las críticas en torno a violaciones de garantías individuales por la actividad de las fuerzas armadas en el combate a la delincuencia organizada, y señaló que los atropellos documentados por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) son mínimos y son la excepción, no la regla.

En el caso del Ejército, Poiré refirió que, según el informe de la CNDH, de 2007 a 2011 se recibieron 5 mil 814 quejas contra elementos la Secretaría de la Defensa Nacional. Aseguró que en sólo 90 casos se encontraron elementos para emitir una recomendación, lo que representa 1.5 por ciento del total de querellas, mientras en el caso de la Secretaría de Marina sólo se han llegado a emitir recomendaciones en 1.8 por ciento de los expedientes.

El encargado de la política interna del país refutó los argumentos que señalan que los índices de inseguridad y violencia se han disparado con la presencia de las fuerzas federales en regiones donde se ha pedido el apoyo subsidiario a gobiernos estatales y municipales.

Dijo que, por el contrario, “gracias a la intervención de fuerzas federales en operativos conjuntos y específicos hay una importante reducción en la violencia y la inseguridad en aquellas entidades donde nuestras acciones han alcanzado mayor madurez operativa”.

Refirió los casos de Tijuana, Baja California, y Ciudad Juárez, Chihuahua, donde entre 2010 y 2011 disminuyó 87 y 70 por ciento, respectivamente, la incidencia de homicidios, y en regiones como Veracruz y la Comarca Lagunera, que han registrado descensos similares en la comisión de delitos.

En su discurso, el titular de la Secretaría de Gobernación informó que este martes se dio respuesta al pliego de observaciones que la organización internacional Human Rights Watch hizo al gobierno mexicano, en la que se compromete a investigar los hechos aludidos sobre la violación de derechos humanos y adoptar medidas para corregirlos.

Por su parte el gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, dijo que el fenómeno de la inseguridad no se puede limitar a un asunto entre policías y delincuentes, sino que requiere una estrategia integral y de corresponsabilidad entre los tres niveles de gobierno y la sociedad.

La solución integral, añadió, pasa por el combate a la pobreza, ofrecer empleo y bienestar social. De esta forma atacamos los efectos, manifestó.