El anuncio de Felipe Calderón de aplicar un programa nacional para otorgar créditos a estudiantes en escuelas privadas –que liquidarían una vez concluidos sus estudios con una tasa de 10 por ciento de interés anual– es el primer paso para privatizar la educación superior en el país, afirmaron académicos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y de El Colegio de México, así como especialistas en la materia.

Criticaron que el Ejecutivo federal no haya sometido a discusión legislativa y ciudadana el proyecto, que en principio contará con 2 mil 500 millones de pesos del erario; mil millones más que el Programa Nacional de Becas para este nivel de estudios, que para 2012 tendrá mil 500 millones.

Además, el programa sólo beneficia a colegios particulares, que han sido perjudicados por la crisis que afecta a las clases medias y a las instituciones financieras. Un programa nacional que de verdad beneficie a la educación superior sería crear más instituciones públicas y ampliar las becas.

El ex subsecretario de Educación Básica y Normal Olac Fuentes Molinar afirmó que dicha medida representa la transferencia de recursos públicos al sector privado, en el que los beneficiarios son empresas educativas de lucro, entre ellas las más costosas de México, con la intermediación del sector bancario, uno de los más voraces del mundo.

Señaló que el programa tiene un propósito relacionado con el proceso electoral, porque se trata de alentar las ilusiones de las pequeñas clases medias. La propuesta es totalmente errónea, porque no corresponde a las preocupaciones de seudoequidad y de oportunidades para los jóvenes que el Presidente utilizó durante la presentación del programa.

“Es grotesco decir que la inequidad –que existe y es muy grave– debe juzgarse por quién puede o no pagar una colegiatura en las instituciones más caras de México. Es como si nos dijeran que la inequidad en relación con los servicios de salud depende de quien puede ir o no al hospital Ángeles”, cuestionó.

Manuel Gil Antón, investigador de El Colegio de México, calificó el programa de “especie de Fobaproita” que beneficiará a las instituciones lucrativas, empresariales o religiosas, pero también tiene un sesgo ideológico. Es profundamente electorero y muestra un desprecio por la educación pública. Consideró que se trata de una invitación a escapar de la enseñanza pública.

Afirmó que, por ley, el Presidente es el encargado de la educación pública. ¿Cómo es posible que apoye financieramente un programa en el que invita a ingresar a escuelas privadas?

A las críticas a ese programa se sumó Ángel Díaz Barriga, del Instituto de Investigaciones Sobre la Universidad y la Educación de la UNAM. Se trata, dijo, de una decisión irresponsable con la que se pretende privatizar la educación superior.

Subrayó que los jóvenes que utilicen los créditos tendrán hipotecado su futuro, sobre todo porque México es un país que no ofrece trabajo para este sector, a lo que se sumará que en 2012 el país tendrá un déficit de al menos un millón de empleos para profesionales.

Imanol Ordorika, del Instituto de Investigaciones Económicas y titular de la Dirección General de Evaluación Institucional de la UNAM, indicó que el sistema de financiamiento para universitarios ha empezado a colapsar en el orbe. Un ejemplo es Chile, donde una de las principales banderas del movimiento estudiantil fue el rechazo a más de dos décadas de créditos, lo que ha generado una problemática social en esa nación. Lejos de propiciar igualdad, indicó, los créditos educativos son inequitativos y se convierten en una carga para los graduados, quienes en varios países no pueden liquidar sus adeudos y los sistemas comienzan a presentar crisis.

Datos oficiales revelan que cuando los recién egresados de licenciatura llegan a obtener un empleo, su salario no rebasa los 7 mil pesos mensuales, por lo que para los graduados mexicanos liquidar esos montos no será sencillo.